“¿Es el 112? Es que acabo de matar a mi mujer aquí en casa, manden a quien tengan que mandar para que ayude a mis hijos, por favor”. Esa fue la llamada que hizo el 25 de noviembre de 2023 Antonio P., un capitán en activo del Ejército de Tierra, desde su vivienda en Puente de Vallecas. A su lado, yacía inconsciente Leticia T., una enfermera del Gregorio Marañón. Una de las agentes que entró en el domicilio a los pocos minutos solo pensaba en esos dos niños a los que había mencionado el hombre en la llamada. Los encontró en su habitación, debajo de una cama, asustados y manchados de orín. “Mamá está malita”, le dijo la niña.Leticia fue una de las 58 víctimas mortales de violencia de género que hubo en España ese año. Poco antes, había mostrado su voluntad de presentar la demanda de divorcio, uno de los momentos de más peligro para las víctimas, según los expertos. Un jurado popular ha encontrado culpable de asesinato a Antonio, aunque sus miembros no han considerado probado que el móvil del crimen fuera que el hombre no aceptaba la separación. Sí han aceptado que el acusado tenía alteradas sus facultades psíquicas, como pedía la defensa. Su abogado defensor sostuvo que el hombre sufrió un “deterioro cognitivo y psicológico” por el “hostigamiento” de su mujer y su suegra. Las deliberaciones del jurado se extendieron durante casi tres días, pues tuvieron que responder a las 41 preguntas que el magistrado les planteó para argumentar su decisión, una extensión más larga de lo habitual.Carmen, la madre de la víctima, ha acudido casi cada día a la vista oral con el colgante de su hija al cuello. Mientras los policías comenzaron la reanimación cardiopulmonar de Leticia, que después prosiguió el equipo médico, los niños permanecieron en su habitación, junto a esa agente que había ido en su busca. Allí, la pequeña le dijo: “Papá ha cogido a mamá del cuello, la ha empujado contra la pared azul y el collar del chupete y la virgen se ha roto y se ha caído al suelo”. Cuando la policía salió al salón, vio esa pared azul y encontró en el suelo el collar del que hablaba la pequeña, que ahora lleva la madre de la fallecida. El jurado también ha declarado culpable a Antonio por las lesiones psíquicas que causó este episodio fatal en su hija. Toda la familia de Leticia, representada por Gómez Hidalgo Abogados, ha estado presente en la sala.Los forenses dictaminaron en el juicio que Leticia sufrió un desgarro en la tiroides y una asfixia que le condujo a un “fallo multiorgánico” que fue imposible de revertir en el Gregorio Marañón, el hospital en el que ella era enfermera. “Es necesaria mucha fuerza para producir ese daño”, señalaron los especialistas. El abogado defensor trató de desacreditar el modo en el que se hizo la autopsia porque no se permitió entrar en ella a los investigadores de homicidios y se incineró el cuerpo a los pocos días. Una de las tesis de la defensa era que el equipo sanitario tardó demasiado en llegar al domicilio, algo que el jurado ha rechazado.La madre de la víctima contó al jurado popular que Leticia, de 37 años, le había contado en mayo, siete meses antes del crimen, que iba a divorciarse porque no quería que sus hijos crecieran en un “ambiente” en el que Antonio se refería a ella como “lagarta” y “cerda”. La abuela de los pequeños, que se ha hecho cargo de ellos desde ese día, explicó también que un día, la hija mayor, de tres años, consoló a su madre al verla llorar tras una sesión de terapia psicológica. “Papá te habla mal, ¿verdad?”, asegura que le dijo. Una amiga de Leticia con la que trabajaba en el hospital definió al acusado como una persona “controladora, calculadora y con estallidos de ira”.El día del crimen, Leticia y Antonio habían ido con los niños y los padres de Leticia al zoo Faunia. Acabaron la jornada en un parque infantil en el que el niño menor se hizo daño en la cabeza. La abuela materna relata que Antonio se enfadó mucho porque les recriminó que su hijo era demasiado pequeño para jugar en un tobogán. En ese momento se despidieron. “Me imaginé que iban a tener bronca, pero no que acabara así”, apuntó la abuela materna.Hasta una docena de agentes acudió a la vivienda esa noche de noviembre, en la que les recibió Antonio, que se tiró al suelo nada más entrar los primeros agentes. “Me fijo que tiene marcas en el cuello, no marcas, era como algo muy reciente. Para mí, eran dedos clarísimos dibujados a ambos lados del cuello”, describió uno de los intervinientes el estado de la víctima. La reanimación comenzó cuando faltaban cuatro minutos para las ocho de la tarde. Los sanitarios lograron que volviera el pulso. “Me sorprendió bastante”, ha puntualizado otro de los policías. Sin embargo, ese hilo de vida no fue suficiente y falleció dos días después en el hospital en el que trabajaba.En el juicio han comparecido, como suele ser habitual, peritos contratados por el juzgado y otros por la defensa. La psiquiatra del juzgado aseguró que no observó en Antonio un trastorno ansioso-depresivo grave. “Reconoció todo y me contó lo sucedido. Dijo que estaba rabioso y que no fue intencionado”, explicó. Los psicólogos contratados por el acusado indicaron que observaron en él “una quiebra emocional” fruto de un “cúmulo grande de emociones contenidas” por “comentarios y discusiones en el ámbito familiar”.Después de que se llevaran a Leticia al hospital y a Antonio detenido, la agente salió de la habitación con los niños. Ella había tratado de entretenerlos viendo dibujos en el móvil. Los hermanos llegaron a distraerse con los juegos, pero la mayor preguntaba de vez en cuando a la policía si se iban a llevar a mamá. La psicóloga del Summa le dijo a la agente que, ya que había hecho vínculo con ellos durante esa hora, lo mejor era que ella los acompañara a la casa de sus abuelos, que vivían en la misma comunidad de vecinos. Antes de irse, buscaron la muñeca sin la que la pequeña no podía dormir.El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.