La situación del Bosque Protector Cerro Azul ha generado preocupación en ciertos sectores, que temen posibles afectaciones por actividades mineras. Y ante ello la viceministra de Ambiente, Alicia Jaramillo, descartó perjuicios en el área, al aclarar que no se ha modificado la declaratoria de bosque protector, sino que se están regulando actividades preexistentes en la zona para precautelar al bosque. Además, afirmó que no se entregarán nuevas concesiones mineras más allá de las que han existido previamente a la declaración de bosque protector.Las inquietudes en torno a Cerro Azul, que se encuentra en la parroquia Tarqui, en Guayaquil, parten por una supuesta contradicción entre dos acuerdos ministeriales. PublicidadEl primero es el Acuerdo MAE-MAE-2026-0022-AM, del 6 de marzo del 2026, en el que se oficializó la declaratoria de Cerro Azul como Bosque y Vegetación Protector, con una superficie de 880,2 hectáreas. La declaración surgió por iniciativa del colectivo ciudadano Vía a la Costa Progresa, conformada por habitantes de urbanizaciones asentadas en los alrededores del cerro.La normativa dispone, entre otras cosas, la elaboración de un plan de manejo del área declarada como bosque y vegetación protector. Y se prohíben todas las actividades que no sean compatibles con los fines del área declarada.PublicidadPublicidadLa confusión se produce con el segundo acuerdo ministerial, que es el MAE-MAE-2026-0047-AM, del 28 de abril, porque dispone a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) la emisión del acto administrativo para la apertura gradual y progresiva del catastro minero, para nuevas concesiones de explotación para pequeña minería de materiales áridos y pétreo, empezando por las ciudades de Guayaquil, Daule y Samborondón.Se sustenta en el plan piloto de apertura focalizada del catastro minero para materiales de construcción en el país. PublicidadLa medida ha causado preocupación porque se presume que con ello se permitirían nuevas concesiones mineras en el bosque protector Cerro Azul, contradiciendo la declaratoria de marzo.No obstante, el artículo 3 del segundo acuerdo ministerial pone límites para no afectar al bosque protector. Establece que se limitará el otorgamiento de autorizaciones o concesiones mineras de explotación de materiales de construcción áridos y pétreos, con base en los estudios técnicos elaborados por el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), para la determinación de la cota máxima de explotación y límite vertical de explotación de materiales áridos y pétreos en el área del bosque protector.Desde la vigencia del acuerdo corre un plazo de 60 días para que el IIGE elabore los estudios técnicos para fijar la cota máxima de explotación. PublicidadLos estudios deben definir los lineamientos, parámetros y metodologías, considerando criterios geotécnicos y geomecánicos, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno, la seguridad de operaciones y la sostenibilidad de la actividad minera.Desde hace más de 25 años hay actividad minera en la zonaFrente a las dudas que han surgido, la viceministra de Ambiente explicó que en la zona existen actividades previas de explotación de áridos y pétreos con más de 25 años de operación.“La declaratoria de bosque protector no ha sido modificada. Lo que hace la declaratoria de bosque protector es que da un periodo de seis meses para establecer un plan de manejo. En el plan se ve la zonificación del área, se consideran estas actividades previas y se establecen regulaciones bajo la normativa vigente”, resumió.Y agregó que el segundo acuerdo ministerial regula el catastro minero y establece una cláusula especial para Cerro Azul, añadiendo restricciones adicionales. “Hay una confusión. Lamentablemente, las redes sociales se prestan para estas situaciones, la gente no conoce en detalle la norma y, por lo tanto, solo ve parte de lo que están diciendo”, comentó.Jaramillo indicó que hasta el momento existen doce concesiones de áridos y pétreos en el área, de las cuales solo dos cuentan con permiso ambiental para la explotación de esos minerales. Aproximadamente, cuatro o cinco están en proceso de regularización y algunas concesiones se sobreponen al bosque protector, cuya declaratoria fue posterior a la entrega de estos derechos mineros.Para operar, las concesiones deben cumplir con la regularización ambiental y con una cuota máxima de explotación basada en tres criterios técnicos: estabilidad geomecánica, factor de seguridad sísmica y criterio hidrogeológico. Estudios previos indican que aproximadamente el 75 % del área del bosque protector debe ser preservada por sus características hídricas. “Eso está establecido en el plan de manejo que se va a desarrollar: qué se permite y qué no”, indicó.Ninguna actividad podrá avanzar sin estudios técnicos y el cumplimiento de todos los requisitos legales y permiso ambiental.“Cada acción que se ha previsto es, justamente, para regular lo que no se ha regulado en los 25 años atrás”, precisó.No se otorgarán nuevas concesiones y se realizan controlesAlicia Jaramillo descartó que el Acuerdo Ministerial 047 dé paso a la expansión minera en esa área. Ratificó que no se otorgarán nuevas concesiones dentro del bosque protector; solo se regularizarán las actividades preexistentes. “Existe el catastro minero y determina ya las concesiones previas. El bosque protector permite ciertas actividades, pero eso no quiere decir que, si no están contempladas dentro del plan de manejo, se puedan desarrollar. Entonces, concesiones nuevas no se van a dar porque ya existe una categoría previa de bosque protector, y sobre las que ya existen estamos trabajando paso a paso", aseguró.En ese contexto, informó que las diez concesiones actuales que no cuentan con el permiso ambiental están siendo supervisadas por la Arcom, entidad que el jueves realizó inspecciones, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa y aplicar sellos de suspensión cuando corresponda.Si las concesiones que sean suspendidas no cumplen con los criterios técnicos, no se dará la viabilidad ambiental, la cual permite establecer compatibilidad con la conservación del bosque o con las actividades autorizadas, dependiendo de dónde están ubicados.Jaramillo aclaró que la expansión de la explotación dentro de las concesiones ya existentes está limitada al área previamente otorgada y no puede superar esos límites. Reiteró que la norma emitida recientemente crea un candado que limita las condiciones bajo las cuales las concesiones preexistentes pueden operar, protegiendo el bosque. Lo que no se puede hacer, dijo, es ir contra los derechos de terceros -en este caso las concesiones- que fueron otorgados previamente. La viceministra recordó que hace aproximadamente un año y medio se le retiraron las competencias ambientales al Municipio de Guayaquil debido a irregularidades detectadas. Actualmente, la competencia ambiental está en manos de la dirección zonal del Ministerio del Ambiente, que trabaja en coordinación con el gobierno provincial. Además, la explotación de canteras, áridos y pétreos es competencia de los gobiernos provinciales y está detenida desde que se retiraron esas competencias para controlar mejor la situación. (I)