Luis Ernesto BlancoCaracas. Servicio especial 29/05/2026 06:00 Desde que el pasado 3 de enero una operación relámpago estadounidense extrajera a Nicolás Maduro del poder y comenzara una nueva etapa en la relación con Estados Unidos, un aire de entusiasmo comenzó a inflar los pronósticos financieros sobre Venezuela.La élite empresarial ha visto cómo el petróleo fluye legalmente, Washington celebra acuerdos comerciales, las restricciones operativas disminuyen y los altos precios del crudo por el conflicto en Oriente Medio benefician las arcas del Gobierno interino de Delcy Rodríguez.Pero mientras la retórica gubernamental habla de prosperidad, la situación de la gente común es desesperada. Pese a vivir con una macroeconomía conectada a un respirador artificial estadounidense, la microeconomía ciudadana continúa asfixiada y las carencias en los servicios públicos se han agudizado mucho más rápido que la reactivación económica. En algunas zonas del país los racionamientos eléctricos superan las ocho horas al día, y hasta la misma multinacional Chevron ha advertido de que estos fallos en el suministro afectan directamente la operatividad de los campos petroleros y provocan mermas en la producción nacional.Medidas insuficientesEl Gobierno ha subido el salario mínimo, pero este sigue por debajo de la canasta básica alimentariaLa profunda desconexión entre la burbuja macroeconómica y el subsuelo social explica el recelo de los más de ocho millones de migrantes venezolanos esparcidos por el globo de volver a Venezuela. Quienes lavan platos en Barcelona, conducen Uber en Santiago de Chile o limpian oficinas en Miami miran la propaganda oficial con una profunda desconfianza. El drama, advierte el investigador social Carlos Carrasco, “es que, al cruzar la frontera, los retornados se topan con que el Estado venezolano carece por completo de políticas públicas de reinserción social y laboral para ellos.El pasado 1 de mayo, el Gobierno ensayó un incremento del salario mínimo que, si bien llegó a los 240 dólares mensuales y 70 dólares para los pensionados, sigue muy por debajo de la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo mantiene el salario mínimo legal anclado en 0,25 dólares al mes, complementado con bonos discrecionales que no generan pasivos laborales. El ministro de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, ha justificado la medida afirmando que no se puede aumentar el salario porque “se dispara la inflación”, dejando sobre los hombros de los empleados públicos la responsabilidad de sostener el costo de la estabilización monetaria.Protesta sindical en la Universidad Central de Venezuelas para exigir mejores condiciones, el pasado 19 de mayoFEDERICO PARRA / AFPEn los foros financieros mundiales hay cada vez más interés por Venezuela pero la desconfianza es la regla. Si bien, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han reanudado relaciones con el país tras siete años de ruptura, la propia Kristalina Georgieva, directora del FMI sostiene que “no se pueden tomar buenas decisiones sin buenos datos” y lograr la estabilidad desde esta situación “será un camino muy arduo”.“El primer paso indispensable es reconstruir las estadísticas macroeconómicas del país. Venezuela lleva años operando bajo un esquema de profunda opacidad estadística. Hoy ni siquiera existe consenso sobre el verdadero tamaño de la economía venezolana, sobre el nivel real de ingresos fiscales o sobre la magnitud consolidada de los pasivos públicos. Las propias cifras oficiales del Banco Central siguen siendo catalogadas como “provisionales” desde 2018” recuerda Alejandro Grisanti, CEO de la firma Ecoanalítica.El país además arrastra una deuda externa no del todo determinada. Acumula arbitrajes internacionales, deudas comerciales, reclamaciones por expropiaciones, compromisos con proveedores internacionales, pasivos de CADIVI y múltiples obligaciones contingentes cuyo tamaño total todavía ni siquiera está completamente determinado, pero que economistas independientes ubican en torno a los 150.000 millones de dólares. De ese total, al menos 65.000 millones corresponden a capital e intereses de bonos soberanos y de Petróleos de Venezuela, a los que se suman facturas impagadas a proveedores internacionales y reclamos pendientes por las expropiaciones forzosas de la era de Hugo Chávez que el Centro de Pensamiento Económico calcula en unos 30.000 millones de dólares.Mientras, en las calles hay indicios de que la paciencia comienza a agotarse. La flexibilización de la represión ha permitido ver cómo las manifestaciones de empleados públicos y estudiantes regresan al paisaje venezolano. El Gobierno de Delcy Rodríguez sufre por mantener el equilibrio entre las exigencias de estabilización y apaciguamiento del tutelaje estadounidense con las presiones sociales y las exigencias de cambio de la población venezolana.