La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está indagando si ha habido "presiones políticas" desde el Gobierno para frenar algunas de sus investigaciones en curso sobre presuntos casos de corrupción, que afectan al entorno del PSOE y del propio Ejecutivo. En ese cometido se enmarca la personación de agentes de la UCO en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, este miércoles, por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.Fuentes del cuerpo armado explican a 20minutos que los miembros de la UCO están "agradecidos con el juez Pedraz" por haber autorizado esta investigación interna en el cuerpo armado. "Se sienten ahora más respaldados después de ver cómo se abrían informaciones reservadas contra mandos y agentes de la UCO por participar en determinadas investigaciones", afirman. (Una información reservada es como se conoce en la Guardia Civil a las investigaciones internas previas a la apertura de un expediente disciplinario). Una de las víctimas de esas investigaciones internas fue el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, que el pasado diciembre abandonó la unidad al ser ascendido a general por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A Yuste se le investigó internamente por la presunta filtración de información a la prensa, incluidos unos mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, aunque finalmente la investigación se cerró sin la apertura de expediente. De hecho, el propio Ábalos admitió que consintió esa filtración.Otra de las víctimas sería el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica, a quien la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, intentó desacreditar buscando trapos sucios contra él, según se desprende de unos audios filtrados a la prensa el año pasado. "Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Lo que quiero es cortarlo cuanto antes", afirmaba Díez en uno de esos audios, en conversación con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por el caso hidrocarburos."Pedraz sabe que Leire Díez pidió la cabeza de Balas e intentó desestabilizar a la UCO y ahora considera que existen razones suficientes para investigar si hubo algún tipo de injerencia política sobre los mandos de la Guardia Civil para que abrieran esas informaciones reservadas", dicen las fuentes. "No es tan infrecuente que se abran informaciones reservadas en la Guardia Civil y, siendo realistas, aquí hubo una filtración de información, así que no es anómalo que se abrieran. Lo realmente grave y lo que hay que investigar es si se abrieron por algún tipo de presión política ajena al objeto de investigación", explican. El juez Pedraz también ha centrado una de las líneas de investigación en el rol que asumió el exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes, que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales, al que investiga por presuntamente revelar secretos contra su antigua unidad y colaborar con la trama de Leire Díez para "impulsar sospechas" contra mandos de la UCO "ante la directora de la Guardia Civil"."No queremos que se utilice a la Guardia Civil como ariete político"Por su parte, las asociaciones profesionales de guardias civiles han salido en defensa de la UCO y han denunciado que se utilice el régimen disciplinario para presionar a los agentes. "Somos críticos con que se use tanto los expedientes disciplinarios como la apertura de informaciones reservadas para amedrentar o desestabilizar a los agentes que están llevando a cabo investigaciones complejas", afirman desde AUGC, la asociación mayoritaria en el cuerpo. "Lo que no queremos es que se utilice a la Guardia Civil como ariete político de ningún partido. La Guardia Civil tiene que trabajar a disposición de los jueces y fiscales con absoluta neutralidad, sin recibir presiones por su trabajo. Los agentes ya están sometidos a una gran tensión sin que se resuelvan nuestras reclamaciones de contar con más medios, más protección o ser reconocidos como profesión de riesgo", subrayan en AUGC.Este miércoles, agentes de la UCO al mando del teniente coronel Balas acudieron a la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para recabar documentación relativa a investigaciones internas contra determinados agentes. Fuentes del cuerpo indican que los miembros de la UCO también "acudieron a tomar declaración a dos altos mandos de la Guardia Civil en calidad de testigos para dilucidar si habían podido recibir algún tipo de presión política en la apertura de esas informaciones reservadas".Según las fuentes, uno de los altos mandos que se pretendía interrogar es el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, número 2 de la Guardia Civil tras la directora, Mercedes González, que se encontraba ausente en ese momento, por lo que su declaración ha quedado pospuesta. Llamas estaba junto a González en la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid, el general de brigada Francisco Almansa.