La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también se personó ayer en la sede central del instituto armado, en el centro de Madrid. Lo hizo para recopilar la documentación de unos expedientes internos que se abrieron a varios agentes por supuestas filtraciones a los miembros de la trama que pretendía torpedear investigaciones de la órbita del PSOE. Curiosamente, la comitiva de guardias civiles que irrumpió en el edificio de la Dirección General estaba liderada por el teniente coronel Antonio Balas, el uniformado al que la “fontanería” de Ferraz, encabezada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, quería ver “mejor muerto” para que “no se convirtiese en el verdugo de todos”.La UCO de la Guardia Civil también se personó en la sede central del instituto armado, en Madrid.FERNANDO VILLAR / EFELa actuación policial buscaba expedientes abiertos a agentes por haber pasado datos a la “fontanera” del PSOESegún explican fuentes policiales, las informaciones reservadas –como se conocen a las investigaciones internas en el cuerpo– sobre las que el instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha puesto la lupa fueron archivadas. Ninguna desembocó en la apertura de expediente sancionador contra los mandos policiales que investigaban los casos que salpican a Ferraz o el Gobierno. La UCO en los últimos años ha estado al frente de las pesquisas contra los exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, y del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.El instructor atribuye a la trama la difusión en medios del término de “UCO Patriótica” para minar su imagenLa intención de Pedraz con este movimiento es doble. Por un lado, saber si desde dentro del cuerpo, algunos agentes díscolos, estaban en contacto con la trama para facilitarle información sensible con la que poder desacreditar a la UCO. Hay ya uno señalado: Juan Sánchez Yepes, que estuvo en la unidad. Y por otro, de más calado, averiguar si esos informes previos al expediente se abrieron, por órdenes de arriba, contra agentes que participan en causas incómodas para el PSOE con el único fin de presionarlos con posibles sanciones. De ahí que, además de recabar documentación, Balas tomase declaración a sus compañeros de la unidad de Régimen Disciplinario, los encargados de los asuntos internos, para dilucidar quién mandó abrirlos, hasta dónde se indagó y con qué argumento se cerraron. Según fuentes ministeriales, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba al tanto de la apertura de las informaciones reservadas por las supuestas filtraciones que abrió la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.Las investigaciones internas, motivadas por la directora general, fueron archivadas: no hubo sancionesCon los indicios recabados hasta el momento, Pedraz explica en su auto que los investigados en esta trama, que ha escalado tras detectarse posibles pagos de Ferraz a la “fontanera” Díez, habrían llevado a cabo actuaciones dirigidas a “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO” en los procedimientos judiciales a través de varias vías. Uno, presentando denuncias ante la Fiscalía General del Estado, a las que daban difusión a través de medios de comunicación haciendo “germinar el despectivo y contaminante título” de la “UCO Patriótica”. Y dos, sembrando sospechas ante la directora de la Guardia Civil, quien finalmente motivó la apertura de investigaciones internas. En esta caso, el instructor resalta que a los agentes se le imputó la filtración de WhatsApp entre José Luis Ábalos y otros dirigentes del PSOE, publicados en prensa, pese “a que se conocía, con certeza” que habían sido publicados por el exministro de Transportes.Lee tambiénPedraz también destaca que la trama habría recopilado datos e información personal y reservada (algo secreto por ley) de los mandos policiales que intervinieron en las distintas causas judiciales entorno al PSOE y el Gobierno. La finalidad era utilizar esa información sensible sobre ellos mismos para “neutralizarlos”. En el audio en el que se escuchaba a Díez desear acabar con Balas, le pedía datos sobre él Alejandro Hamlyn, un empresario investigado por el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional. Tras publicarse aquella conversación, la investigada reconoció la veracidad de los audios, pero los enmarcó en una investigación periodística sobre el fraude fiscal en la comercialización de carburante.Para el instructor también resulta “reveladora” una anotación del comandante Rubén Villalba, imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo. Este guardia civil, que admitió dos reuniones con Díez en sede judicial, escribió que la “fontanera” del PSOE le propuso que la Policía Nacional le tomase declaración “como testigo protegido” para disparar contra la Guardia Civil, y en concreto contra la UCO. El comandante, en sus agendas, resumió los acercamientos que realizó Díez en una sola frase: “Intentar desmontar a la GC”.Joaquín VeraPeriodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo Ver más artículos Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el TerrorismoTestigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos