NoticiaEl impacto psicológico y físico de la persecución política alcanza a las familias de los detenidos.Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió la excarcelación de unos 300 prisioneros; esto aún no se materializa. Foto: AFPCORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS27.05.2026 23:29 Actualizado: 27.05.2026 23:29
En lo que va de 2026, se contabilizan al menos cinco madres de presos políticos que murieron esperando la libertad de sus hijos. El sistema judicial venezolano ha impuesto una carga emocional a cientos de mujeres que, día a día, recorren tribunales, declaran a periodistas, visitan cárceles y claman por liberaciones.La realidad de los presos políticos en el país vecino también es trágica: madres que mueren no por la vejez, sino por el desgaste de vivir entre la incertidumbre, las torturas y las falsas promesas del Estado. LEA TAMBIÉN El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de mayo en San Juan de los Morros, en los llanos venezolanos. María Concepción Sánchez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Tres días antes, le habían confirmado que su hijo, Joan Enrique Cruz Sánchez —un trabajador petrolero del caso Pdvsa Obrero, detenido desde hace meses— había quedado excluido de la última tanda de liberaciones.Apenas unos días antes, el 19 de mayo, Caracas despedía a Carmen Teresa Navas, de 82 años. Durante 14 meses, Carmen caminó de calabozo en calabozo exigiendo una fe de vida de su hijo, Víctor Quero Navas, desaparecido desde enero de 2025.Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas. Foto: Venevisión.Su peregrinaje terminó cuando las autoridades le notificaron que el hombre, de 51 años, había muerto en custodia en julio del año pasado y que ya estaba enterrado en una fosa común. Cuando Navas llegó a la tumba de su hijo, una hoja con su nombre impreso confirmaba que bajo tierra estaba Víctor.Diez días después de recibir la noticia, el corazón de Carmen también se detuvo. Al grito de “asesinos”, la sociedad civil acompañó su féretro, convirtiendo su sepelio en un símbolo de la crueldad institucional y de la exigencia de justicia por ambas muertes. LEA TAMBIÉN “Mi mamá buscó a mi hermano hasta debajo de las piedras y, literalmente, debajo de una piedra lo encontró”, dijo Dessire Quero, hija de Carmen Teresa Navas, en declaraciones a medios locales el día del funeral de su madre.Las otras madres consumidas por la represión en VenezuelaAdemás de Carmen Teresa y María Sánchez, otras tres madres han muerto esperando la libertad de sus hijos. Se trata de:Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, quien murió el 21 de enero, a los 39 años, producto de un infarto. La mujer estuvo en varias vigilias a las afueras de la cárcel de Tocorón pidiendo la liberación de su hijo, detenido en 2024. Cuatro días después de su muerte, el joven fue excarcelado.Carmen Dávila murió a los 90 años el 22 de enero, dos días después de que su hijo Jorge Yéspica Dávila fuera excarcelado luego de pasar un año y dos meses en Tocorón.A finales de 2024, la ola represiva elevó la cifra de detenidos a 2.000 personas. Foto: AFPOmaira Navas batalló por más de cuatro años para ver a su hijo libre, el periodista Ramón Centeno, quien fue excarcelado el 14 de enero. Tras dos semanas con Centeno, acompañándolo a tribunales y al médico, sufrió un ACV.Un laberinto de cifras y la paradoja de la amnistíaDespués de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el sistema represor sigue casi intacto, al igual que los efectos de años de persecución contra la disidencia.A pesar de que el gobierno anunció la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero y de que recientemente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió la excarcelación de unos 300 prisioneros, esto aún no se materializa.Desde este anuncio, la organización Foro Penal contabiliza solo 39 excarcelaciones. Hasta hoy, quedan 409 prisioneros políticos, según esta misma oenegé. LEA TAMBIÉN A finales de 2024, la ola represiva posterior a las elecciones presidenciales elevó la cifra de detenidos políticos a niveles históricos, rozando las 2.000 personas. El mismo Maduro, en una alocución televisada, dijo que 2.500 personas estaban presas tras las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de ese año.Tras meses de presiones internacionales, huelgas de hambre dentro de los penales y la aplicación de la nueva ley, el mapa de la situación carcelaria se divide entre el discurso oficial y una realidad poco alentadora.La versión oficial: el Ejecutivo asegura que más de 8.700 personas se han beneficiado de la Ley de Amnistía (la gran mayoría bajo medidas de presentación o libertad condicional) y que las liberaciones plenas siguen ejecutándose a cuentagotas.El registro de las ONG: organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advierten que aún quedan un poco más de 400 personas tras las rejas por motivos estrictamente políticos.Familaires de policías y militares presos en Venezuela. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZLey de Amnistía: un instrumento sigue siendo incompleto y selectivoCon la promulgación de la Ley de Amnistía, muchas familias tuvieron la esperanza de que la cárcel sería cuestión del pasado. Sin embargo, para los activistas de derechos humanos, el instrumento sigue siendo incompleto, selectivo y utilizado como una herramienta de control social.Las principales críticas de los defensores derechos humanos apuntan a tres factores críticos:Exclusiones sistemáticas: el texto legal de la amnistía deja por fuera, de manera explícita, a decenas de detenidos bajo acusaciones de “rebelión militar” o casos específicos de protestas. Esto fragmenta a los presos en categorías de primera y segunda clase. LEA TAMBIÉN Estrategia de evasión: informes de organizaciones civiles señalan que el Estado utiliza estas medidas selectivas para evadir sus responsabilidades legales ante la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional (CPI), simulando una apertura política mientras mantiene tras las rejas a fichas clave.Efecto “puerta giratoria”: mientras unos salen bajo libertad condicional —manteniendo juicios abiertos que los obligan a callar—, otros permanecen en el limbo judicial, obligando a sus familias a seguir asumiendo el costo logístico, económico y emocional de llevar comida, medicinas y agua a los centros de reclusión.ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - Corresponsal de EL TIEMPO - Caracas Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
