La investigación sobre los contratos presuntamente irregulares en el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) tiene en el foco a diversos cargos y excargos de la extinta Iniciativa per Catalunya (ICV) y de los Comuns. Uno de ellos es Salvador Milà, que fue diputado en el Parlament y también consejero de Medio Ambiente durante el primer gobierno tripartito de izquierdas, el que presidió Pasqual Maragall. Una jueza de El Vendrell (Tarragona) ha dejado a Milà a un paso del banquillo de los acusados por haber cobrado más de 37.000 euros en contratos directos por “asesoramiento jurídico” que debieron haber salido a concurso público.La investigación se centra en los últimos años del mandato de Fèlix Alonso (2011-2019) como alcalde por Alternativa per Altafulla, la marca de Comuns en el municipio. El consistorio contrató, a partir de 2013, servicios de asesoramiento legal externo a empresas cuyos responsables tenían un claro nexo político con el partido: en una primera fase, Milà Advocats (gestionada por Salvador Milà) y, más tarde, Sinergia, una consultora administrada por Joan Herrera (excoordinador de Iniciativa per Catalunya Verds) y Joan Ignasi Elena, ahora diputado de Esquerra pero entonces sin partido tras abandonar el Partit dels Socialistes. Herrera, en conversación telefónica, ha descartado estar involucrado en cualquier actividad ilícita y ha insistido en que los hechos investigados por la justicia son posteriores a su relación laboral con Sinergia. El exdiputado ecosocialista ha recordado que abandonó esa empresa en julio de 2018, al ser nombrado Director General del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. En el auto en el que ve indicios suficientes para enviar a juicio a cinco personas, incluido Milà, la jueza afea el “vínculo político” entre el alcalde y Milà, ya que “ambos pertenecieron al partido ICV-EUiA” y fueron “candidatos para ser elegidos diputados al Parlament”. Otro tanto puede decirse de la relación con Herrera, quien fue, recuerda la resolución “coordinador nacional” de ICV entre 2013 y 2016.La investigación, liderada por los Mossos d’Esquadra, comenzó en el verano de 2023. Y ha constatado que el asesoramiento jurídico contratado por el Ayuntamiento era un “servicio recurrente” y, por tanto, debía haberse sometido “a concurso público” y no tramitarse como contratos menores a lo largo del tiempo. “No se respetaron los principios de publicidad y concurrencia”, sino que se contrató al mismo proveedor “de manera burda” a lo largo de los años. Las normas de contratación debían ser “conocidas” tanto por los concejales como por los responsables de las empresas, abogados “dedicados a materias de contratación pública”.La colaboración con Milà Advocats comenzó en 2013, que hasta 2016 emitió facturas por casi 5.000 euros sin contrato. Más tarde se formalizó ese contrato mediante adjudicación directa y el despacho recibió, en 12 facturas, casi 32.000 euros más. En 2017, el Ayuntamiento de Altafulla pasó a contratar, por los mismos servicios, a Sinergia, una consultora de la que formaban parte Joan Herrera y Joan Ignasi Elena. Este último se integraría después en Esquerra Republicana y llegaría a desempeñar la tarea de consejero de Interior en el Gobierno de Pere Aragonès. Sinergia cobró, hasta 2019, un total de 25.000 euros.El auto que pone fin a la instrucción y ve indicios de delito se dirige contra cinco personas: Milà y su socio en el despacho; la concejal de Urbanismo de la época, María Luisa Mández; y Herrera y una administradora de Sinergia. Las defensas han pedido que se archive la causa y ahora la Fiscalía debe decidir si pide penas para los acusados.El procedimiento, sin embargo, se ha dividido en tres partes. La jueza envió la parte que corresponde al exalcalde Fèlix Alonso al Tribunal Supremo, que abrió diligencias, por su condición de aforado (es diputado en el Congreso). Lo mismo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el caso de Joan Ignasi Elena, diputado en el Parlament. Este tribunal ha asumido también la causa contra Herrera por su conexión directa con Elena (ambos eran los responsables de Sinergia), pese a que actualmente no ostenta ninguna representación política. Los cuatro investigados restantes, incluido Milà, seguirán en El Vendrell.