Un juez de conocimiento de Bogotá dejó en firme este miércoles, 27 de mayo, la decisión que rechazó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32; procesado por las presuntas irregularidades en la contratación para el mantenimiento de los MI-17, y que fue revelado en exclusiva por SEMANA. Las contradicciones del papel del exviceministro de Defensa sobre el polémico contrato de los helicópteros MI-17En la decisión cobija también al exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas, quienes seguirán en libertad mientras avanza el proceso penal.En los próximos días, la Fiscalía General radicará el escrito de acusación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación en contra de estas tres personas.Este documento se presentará en la que es considerada la primera etapa en la investigación dentro de este escándalo de millonario caso de corrupciónLas pruebas La Fiscalía sostiene que el oficial y los dos contratistas tuvieron una participación activa en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato No. 012 del 2024 con la firma Vertol Systems Company, que tiene su sede en los Estados Unidos“El manual de contratación indicaba que debía cumplir o ejercer labor de evaluador”, detalló el delegado del ente investigador en la audiencia de imputación de cargos celebrada en diciembre. Teniendo en cuenta varias pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía General estableció que, en medio de la búsqueda de oferentes,se ejerció una presión para que el contrato le fuera adjudicado a la empresa estadounidense pese a que no contaba con la experiencia requerida.Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército“Se alteró el acto administrativo mediante el cual se justifica una contratación directa”, añadió el fiscal del caso. En este sentido, señaló que se generó una afectación a los bienes de la comunidad y un tráfico de infuencias para beneficiar intereses particulares. En el caso del exsecretario general del Ministerio de Defensa Nacional, Hugo Alejandro Mora Tamayo, la Fiscalía General señaló que ejerció presiones ante un servidor “para obtener un beneficio”.Este beneficio consistía, precisamente, en influenciar a un supervisor que “estaba decidido a que se iniciara ese proceso sancionatorio de incumplimiento” de la ejecución del contrato de mantenimiento. Este trámite iba a llevar a la caducidad del mencionado convenio.“Pero se logró persuadir que ampliara un plazo que realmente estaba en potestad de él y en su momento tenía razón de no dar más plazos, pero logró ser persuadido por usted, doctor Hugo Alejandro Mora, y eso, pues, configura un tráfico de influencias porque, pues, allí no se pensó en el interés general y se estaba beneficiando a un tercero”, añadió el fiscal.Las irregularidades continuaron por parte del exsecretario, quien, junto al coronel Julián Fernández Rincón, habría buscado que se emitiera un concepto favorable en el Ejército para cambiar la forma de pago y así darle liquidez al contratista.