La secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha solicitado a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100% para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU, cuya primera prueba está prevista entre el 2 y el 4 de junio. La petición se formula un día después de que trascendiera la amenaza de dimisión en bloque de cerca de 250 profesores encargados de corregir los exámenes, con motivo de la huelga indefinida convocada por los principales sindicatos en la educación pública no universitaria.La medida de la secretaria autonómica busca garantizar la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026 y proteger el derecho fundamental a la educación del alumnado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, ha informado la consejería este miércoles en un comunicado.“La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí”, ha señalado la secretaria autonómica de Universidades. Además, Gómez ha asegurado que su “obligación constitucional” es garantizar que puedan realizar la prueba en “condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España”. La propuesta de servicios mínimos del 100% se fundamenta en tres pilares, según explica la Consejería: el derecho fundamental a la educación recogido en la Constitución Española, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del TSJCV del pasado 11 de mayo de 2026. “Cabe recordar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos, reconociendo que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es preponderante y que existe un relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras”, ha detallado el comunicado. Esta medida, ha señalado la secretaria autonómica de Universidades, “no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación. Actuamos con la única finalidad de proteger a quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto. Nuestra obligación es no fallar al alumnado que se juega tanto”. Por consiguiente, la convocatoria ordinaria de la PAU se celebrará, tal y como estaba previsto, del 2 al 4 de junio.