Profesores correctores de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en el País Valencià, que se celebran los días 2, 3 y 4 de junio en plena huelga de los docentes de la comunidad autónoma, consideran "abusiva" la propuesta de servicios mínimos del 100% de la Conselleria de Educación y han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores, informa EFE.Publicidad"Con estos servicios mínimos abusivos estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante", manifiesta Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y uno de los docentes evaluadores de la PAU. La denuncia se produce el mismo día en que sus compañeros de la comunidad de Madrid han anunciado otra huelga indefinida a partir de septiembre.La Assemblea de Professorat Corrector de de les Proves de la PAU, formada por 250 especialistas, advirtió este martes de que estaban considerando no presentarse a la constitución de los tribunales el 2 de junio, renunciar en bloque ese día o adoptar acciones "más contundentes" respecto a las calificaciones ante el "estancamiento de las negociaciones" de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria del País Valencià.Medida preventivaLa Conselleria de Educación respondió que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU anticiparía la constitución de los tribunales, como máximo, para este viernes, 29 de mayo, y aseguró que hay 1.500 profesores voluntarios correctores de las pruebas, que se encargarán de la correcta evaluación de los documentos.En la tarde del pasador miércoles, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la comisión gestora de la PAU, solicitó a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100% para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.PublicidadMiguel Edo señala que si se considera su actividad reivindicativa como "dejación de funciones o abandono de servicios" se les podría aplicar el régimen disciplinario de la función pública, como "falta grave o muy grave" y con sanciones que podrían ir desde apartarlos tres años de su empleo hasta inhabilitarlos o separarlos del cuerpo. "Incluso la Universidad podría demandarnos por daños y perjuicios", añade.La opción de muchos de los afectados, indica, está siendo presentar su renuncia ante las presidencias de los tribunales, que han iniciado ya reuniones telemáticas.Renuncias masivasAgustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi (Alicante), que lleva en huelga desde su inicio, el pasado 11 de mayo, asegura que en la mañana del miércoles, antes de que la Conselleria de Educación informara de que había solicitado los servicios mínimos del 100% , "hubo renuncias masivas a corregir y hay tribunales que lo están aceptando".Zaragoza también ha presentado su renuncia y está a la espera de que le responda su tribunal, que se reúne esta tarde telemáticamente para su constitución.Señala que esta situación ha venido "sobrevenida" ya que lo habitual es que la constitución de los tribunales se haga el mismo día del inicio de las pruebas, a las ocho de la mañana. "Lo que sabemos es que se han dado órdenes de que se hicieran reuniones telemáticas previas".