España es la economía desarrollada donde más se incrementó la deuda pública desde antes de que estallara la crisis financiera internacional, allá por 2007, y hasta el año 2024. La recesión y sus efectos sobre el empleo y, más adelante, el despliegue de medidas para hacer frente a los choques que se han producido desde entonces (pandemia, crisis energética y de los precios de los alimentos, guerra de Ucrania...) han tenido un impacto evidente en las cuentas públicas. De acuerdo con un informe que ha publicado este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el pasivo del conjunto de las administraciones públicas se ha disparado en 67 puntos del PIB en ese periodo hasta el 109% registrado a finales de 2024, muy por encima del incremento registrado en otros países de la organización. El documento señala que por detrás de España se sitúan Estados Unidos (59 puntos y un 123% de deuda), Japón (59 puntos hasta el 212%), Francia (59 puntos al 117%) y Grecia (55 puntos al 170%).Al organismo que capitanea Mathias Cormann le inquieta que los países miembros estén haciendo unos esfuerzos "modestos" para reducir sus números rojos, cuando sus gobiernos van a tener que hacer frente a una presión fiscal cada vez mayor para cubrir el gasto social y sanitario, ante las proyecciones de envejecimiento de la población. Si se toma como referencia el año de estallido de la crisis financiera, esas partidas de gasto público ya han pasado de representar el 39,7% del PIB de media al 43,1% en 2023 y el incremento va a ser un problema "estructural".A este se suma, además, el aumento previsto del gasto en Defensa, en pleno giro estratégico de la Unión Europea, y ante el compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar su desembolso hasta al menos el 3,5% del PIB. A esto habría que añadir otro un 1,5% del PIB en protección de infraestructuras, redes, protección civil o en el refuerzo de la industria militar.Un esfuerzo insuficiente ante un problema estructuralEl 'club' de las economías desarrolladas destaca que, de acuerdo con las políticas que los estados han venido anunciando hasta la fecha, la mitad de sus treinta y ocho miembros tienen previsto aumentar todavía más su déficit primario en el periodo 2023-2027. Ese saldo negativo incluye la diferencia entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda. Así, sólo tres países tienen previsto reducirlo en más del 2% de su PIB. Son Italia (5,1%), República Checa (2,5%) y Japón (2,3%). En el caso concreto de España, el objetivo es rebajarlo en 1,2 puntos del PIB, un esfuerzo que, si bien supera al de la media de los miembros de la organización internacional, es muy inferior al ajuste que se aplicó entre 2010 y 2015 (5,3% del PIB).Este toque de atención de la OCDE coincide con las advertencias que han venido lanzando otros organismos, tanto a nivel nacional como internacional, para que el Ejecutivo aproveche los vientos de cola que favorecen el crecimiento económico para reducir los desequilibrios de las cuentas públicas. No es solo cuestión de sanearlas, sino también de contar con más margen ante futuras crisis. Hace solo unos días, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advertía, además, de que las medidas de apoyo adoptadas por el Gobierno para aliviar el impacto de la guerra en Irán llevarán a España a un incumplimiento de las reglas fiscales.