Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, a Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo.
“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.
