La crisis que atraviesa el sector Pyme productor de biodiésel en Argentina comienza a escalar hacia un escenario de fuerte tensión económica, industrial y jurídica. Empresas elaboradoras de biocombustibles denunciaron que la Secretaría de Energía de la Nación habría incumplido de manera sistemática el régimen legal de determinación de precios previsto en la Ley 27.640 y en la Resolución 963/2023, generando pérdidas millonarias para productores que abastecen el mercado interno.De acuerdo con estimaciones presentadas por cámaras empresariales del sector, el perjuicio económico acumulado superaría los 53 millones de dólares desde julio de 2024, afectando principalmente a 25 pymes radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.Las empresas sostienen que los precios oficiales fijados para el biodiésel quedaron por debajo de los costos reales de producción y, en determinados períodos, incluso por debajo del valor del aceite de soja, principal insumo de fabricación. La situación habría provocado una creciente pérdida de rentabilidad, reducción de actividad industrial, aumento de capacidad ociosa y riesgo concreto de paralización de plantas.Cámaras empresariales del biodiésel aseguran que el actual esquema de precios afecta la continuidad operativa de plantas productoras.¿Qué establece la ley?El conflicto se produce en un contexto especialmente sensible para la industria energética y agroindustrial argentina, ya que el biodiésel constituye uno de los principales instrumentos de agregado de valor a la producción agrícola nacional y forma parte del esquema obligatorio de mezcla con combustibles fósiles.La Ley 27.640 establece expresamente que el sistema de fijación de precios debe garantizar rentabilidad razonable para los productores, contemplando costos de elaboración, transporte y recuperación de inversión. Sin embargo, referentes técnicos del sector afirman que desde mediados de 2024 comenzó a evidenciarse un apartamiento progresivo de la fórmula legal prevista por la normativa vigente.En paralelo, distintas cámaras empresariales realizaron presentaciones técnicas y administrativas ante organismos nacionales solicitando la revisión del esquema de precios y el cumplimiento integral del régimen regulatorio. Hasta el momento, según indicaron fuentes del sector, no existe una solución concreta que revierta el deterioro económico denunciado por las empresas.El conflicto por el biodiésel podría impactar en el precio de los combustibles y en el abastecimiento del mercado interno si se profundiza la crisis del sector.El impacto directo en las PymesFrente a este escenario, el Dr. Beis informó que comenzó a evaluar técnicamente los daños sufridos por compañías afectadas por el actual esquema regulatorio, con foco en la determinación del perjuicio patrimonial y las posibles herramientas legales disponibles para las Pymes involucradas.“La seguridad jurídica y el respeto al marco regulatorio son elementos esenciales para cualquier actividad industrial que requiere inversiones permanentes y previsibilidad”, señalaron desde De Martin & Asociados | Law Firm.La representante legal de la firma, Mariel Bartolomeo, explicó que numerosas empresas comenzaron a consultar sobre las implicancias legales derivadas de la eventual falta de aplicación de la fórmula prevista en la normativa vigente y sobre los mecanismos existentes para reclamar daños ocasionados por decisiones regulatorias.Por su parte, el abogado Brian Beis, especializado en derecho de hidrocarburos y biocombustibles, sostuvo que el conflicto podría tener derivaciones relevantes en materia de responsabilidad estatal, protección de inversiones y cumplimiento del principio de legalidad administrativa.Desde De Martin & Asociados Law Firm remarcaron además que cada situación requiere un análisis técnico individual, considerando variables productivas, impacto económico, volúmenes comercializados y exposición patrimonial de cada empresa afectada.Mientras tanto, en el sector crece la preocupación por la continuidad operativa de distintas plantas productoras y por el impacto que un agravamiento de la crisis podría generar sobre el empleo, la producción industrial y el abastecimiento del mercado interno.Contacto institucional: De Martin & Asociados | Law Firm________________________________________________________Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.