El lavado de dinero es uno de los delitos financieros más graves perseguidos debido a que permite ocultar recursos obtenidos de manera ilícita y hacerlos parecer legales dentro de la economía formal.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el lavado de activos representa una amenaza para los sistemas financieros y las instituciones públicas, debido a que facilita el movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas.
En Guatemala, la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos actualmente establece penas de entre seis y 20 años de prisión para quienes participen en este tipo de operaciones, además de multas equivalentes al valor de los bienes, instrumentos o productos vinculados al delito.
Las autoridades también pueden impulsar: decomiso de bienes, congelamiento de cuentas, embargo de propiedades, y procesos de extinción de dominio.
Actualmente, esa legislación está en el foco de la discusión pública en medio de presiones internacionales para que Guatemala fortalezca sus controles financieros y actualice una normativa considerada desfasada frente a nuevas modalidades de movimiento de dinero ilícito.
