Punto de encuentroDesestimar y archivar los procesos espurios.
Uno de los desafíos más importantes para el nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, es detener y revertir los procesos de criminalización —es decir, el uso indebido del derecho penal— en contra de actores democráticos, que fue una política sostenida del Ministerio Público (MP) durante los ocho años de Consuelo Porras Argueta.
En esta primera semana al frente de la institución, varias organizaciones nacionales e internacionales demandaron al funcionario dirigir sus esfuerzos a “desestimar y archivar todos los procesos espurios, arbitrarios o sin sustento” y “restituir plenamente los derechos y la libertad de quienes fueron arbitrariamente detenidos o continúan sometidos a medidas judiciales desproporcionadas derivadas de procesos de criminalización”.
Pienso, por ejemplo, en el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo o en los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, quienes permanecen en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala, padeciendo en realidad una pena de prisión anticipada. O en las decenas de compatriotas que se vieron forzados a salir al exilio para resguardar su integridad.
