No es fácil ser expresidente del gobierno, porque ni la secretaria ni el escolta les tratan con el mismo afecto. El móvil no suena y en la vuelta a casa nada parece estar en su sitio. Alguien escribió que lo mejor para ser expresidente es el ostracismo y un buen libro, pero para ello hay que tener vocación de asceta y alma de bibliófilo. José Mujica, expresidente de Uruguay, que vivió en una humilde chacra en las afueras de Montevideo cuando abandonó el suntuoso palacio de Suárez, aconsejaba que los políticos vivieran como lo hace la mayoría, no como lo hace la minoría.El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la campaña de las elecciones andaluzas Carlos Barba/EfeEn España, a los expresidentes les va mejor que cuando ocupan el poder, al menos desde el punto de vista económico. Tienen una retribución de 74.580 euros por su nueva condición y además se incorporan al Consejo de Estado con carácter vitalicio, por lo que perciben 119.778 euros más al año. Además, disponen de secretaria, coche oficial y chófer. Es decir, que ingresan más del doble que cuando residían en el palacio de la Moncloa. Sin embargo, ninguno de los expresidentes españoles forma parte de esta institución creada en 1980, tal como figuraba en la Constitución. Ni Felipe González ni Mariano Rajoy quisieron tomar posesión y José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero estuvieron poco tiempo. El que más fue Zapatero, que ocupó este órgano consultivo, integrado por políticos y juristas de reconocido prestigio, durante cuatro años.Todos los expresidentes de gobierno españoles han declinado figurar en el Consejo de Estado¿Por qué motivo no ingresan o lo dejan? Por el régimen de incompatibilidades, que les impide formar parte de consejos de administración, asesorar empresas o colaborar con despachos profesionales. Dicho de otra manera, que pueden ganar más fuera. Los expresidentes ya no lloran, los expresidentes facturan, podría cantar Shakira con Bizarrap.El caso Zapatero tiene que ver con la línea fina de lo que es o no tráfico de influencias. En este país, los políticos no parecen tener demasiado interés en aprobar una ley que aclare el margen de los lobbies y eso resulta un error. Claro que esta ley también existe en Estados Unidos y, sin embargo, Donald Trump ha convertido la Casa Blanca en su empresa familiar sin que ningún juez haya abierto investigación alguna. Ni la boca.