El Gobierno se ha reunido este lunes con los agentes sociales para analizar qué parte del paquete de ayudas desplegado en marzo por el inicio de la guerra en Oriente Medio debería mantenerse o adaptarse más allá del próximo 30 de junio. Esa es la fecha prevista en el Real Decreto-ley 7/2026 para la finalización de la mayor parte de las medidas, aunque algunas bajadas de impuestos, como las de la electricidad, terminarán antes, el 31 de mayo. Según un comunicado conjunto de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT han planteado a los ministerios y vicepresidentes presentes en el encuentro mantener el escudo social más allá de junio y añadir medidas adicionales. Entre ellas, destaca la aprobación de un cheque de 300 euros, ya sea mediante transferencia directa o deducción fiscal en el IRPF, para las "personas con ingresos inferiores al salario medio". Según los últimos datos disponibles del INE, este se ubica entre los 28.000 y los 29.000 euros brutos anuales, por lo que beneficiaría a un amplio espectro de la población. La propuesta se inspira en la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio aprobada por el Ejecutivo en 2023 como respuesta a la crisis de inflación producida tras el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el impacto en los precios de España en cada crisis difiere. El consenso de los analistas recogidos en el Panel de Funcas prevé que el IPC se eleve hasta el 3,1% este año frente al 8,4% que alcanzó en 2022. Por otra parte, los sindicatos han sugerido una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 por el riesgo de que la inflación anual termine superando el incremento aprobado a principios de año, un 3,1%. En concreto, UGT y CCOO consideran necesario estudiar la aplicación de la revisión semestral del salario mínimo prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge que "se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios". "Reclamamos la apertura inmediata de este debate", defienden en el comunicado. Otras demandas de ambas organizaciones son "un paquete extraordinario para proteger el mercado de la vivienda", con limitación de los precios de los alquileres y congelación de las actualizaciones de renta, como disponía el real decreto tumbado en el Congreso en abril. Los sindicatos han valorado las medidas de contención de precios todavía en vigor y se han mostrado a favor de que se amplíen las destinadas a proteger a los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles y de la energía. Desde el Ministerio de Economía destacan que se mantendrán reuniones con los distintos sectores en las próximas semanas para compartir la evolución del estado de situación "de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias una vez finalice el plazo de las que están en vigor". A partir del primer día de junio se dejará de aplicar la rebaja del IVA de la electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad, mientras que los descuentos en los carburantes se mantendrán hasta finales de junio. El Gobierno se ha reunido este lunes con los agentes sociales para analizar qué parte del paquete de ayudas desplegado en marzo por el inicio de la guerra en Oriente Medio debería mantenerse o adaptarse más allá del próximo 30 de junio. Esa es la fecha prevista en el Real Decreto-ley 7/2026 para la finalización de la mayor parte de las medidas, aunque algunas bajadas de impuestos, como las de la electricidad, terminarán antes, el 31 de mayo.