El Gobierno quiere abrir una nueva fase de diálogo con la patronal y los sindicatos para estudiar nuevas medidas anticrisis que diluyan, o al menos minimicen, el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero y la posterior respuesta de Teherán, el conflicto mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado, pese al acercamiento de posturas de este fin de semana. La situación continúa presionando los mercados internacionales del petróleo y del gas, y el Ejecutivo sigue de cerca el posible efecto sobre la inflación y sobre los costes energéticos de hogares y empresas, con la idea de responder durante el tiempo que sea necesario para evitar que el índice de precios al consumo (IPC) se dispare.El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este lunes una reunión de alto nivel en la que el Ejecutivo analizará junto a los agentes sociales la evolución de los precios y el efecto que puede tener la retirada parcial del escudo energético aprobado en marzo. Sobre la mesa está la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas a partir del 1 de julio, ya que el primer paquete de respuesta finaliza en apenas un mes.Al encuentro, tal y como avanzó el departamento de Economía el viernes, asistirán también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los agentes económicos y sociales participarán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el de CC OO, Unai Sordo.La idea que maneja el Ejecutivo pasa por mantener un esquema similar al utilizado en la primera respuesta, es decir, con una vigencia de tres meses. El plan aprobado a finales de marzo se diseñó para el horizonte que abarca abril, mayo y junio, y combinaba rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes con ayudas directas para algunos sectores especialmente afectados. Dada la fuerte incertidumbre que rodea al conflicto, explican fuentes oficiales, el planteamiento del Gobierno es replicar un esquema trimestral, centrado en el corto plazo y relativamente flexible para adaptarse lo máximo posible a la situación de cada momento.Parte del paquete inicial, de hecho, estaba condicionado a la evolución de la inflación mediante una cláusula de desactivación automática. La publicación del dato definitivo del IPC de abril por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), con un avance anual del 3,2%, activó esa retirada parcial de las ayudas. A partir del 1 de junio desaparecerán algunas rebajas ligadas a la electricidad y al gas natural, aunque seguirán vigentes las medidas vinculadas a los carburantes. En el Ejecutivo quieren monitorizar los efectos de la desactivación para, en caso de que sea necesario, recuperar los descuentos a partir de julio y calibrar si es adecuada o no una nueva cláusula de este tipo.Por el momento, las previsiones macroeconómicas siguen reflejando el impacto del conflicto. Los principales analistas del país, reunidos en el panel de previsiones de Funcas, esperan una desaceleración de la economía española en 2026, con un crecimiento intertrimestral del 0,4% en los trimestres segundo, tercero y cuarto frente al 0,6% registrado hace unos meses. El resultado es una rebaja de la previsión del producto interior bruto (PIB) para este año hasta el 2,2%. En cuanto a la inflación, este año se prevé una tasa media anual del 3,1% en la general y del 2,7% para la subyacente, lo que supone cinco y dos décimas porcentuales más, respectivamente, con respecto a las pasadas proyecciones. En el Gobierno, no obstante, también tienen que mirar la capacidad que tiene el país para seguir respondiendo. El primer paquete, con un impacto estimado de unos 5.000 millones de euros, ha llevado a España a incrementar los niveles de gasto, por lo que los compromisos fiscales cerrados con la Comisión Europea empiezan a peligrar, tal y como han advertido organismos como la Autoridad Fiscal.