La guerra en Irán se acaba, pero las ayudas para paliar sus efectos seguirán fluyendo más allá de la firma del acuerdo de paz previsto para este viernes en Ginebra (Suiza). El Ministerio de Economía ha intensificado en los últimos días las reuniones con los sectores a los que el conflicto afecta de algún modo, y ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha confirmado este miércoles la aprobación, en el último Consejo de Ministros de junio, de “un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía”. Eso quiere decir que las medidas no estarán acotadas únicamente a sectores empresariales golpeados, como el agroalimentario, que alerta de pérdidas millonarias por el encarecimiento de los fertilizantes. O la industria, que ha visto aumentar los costes logísticos y energéticos durante la contienda. Los avances hacia la paz en Oriente Próximo no han cambiado un ápice la agenda de reuniones del Ejecutivo. Este lunes, cuando ya se conocía el pacto preliminar entre EE UU e Irán para terminar con las hostilidades casi cuatro meses después, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, participaron en un encuentro con operadores gasistas y petroleros. El martes a Cuerpo lo acompañó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en un cara a cara con las patronales de la automoción y componentes, las industrias intensivas en uso de gas y electricidad, los productores de materiales de construcción y siderúrgicas, fabricantes de papel y farmacéuticas. Este miércoles es el turno del sector agroalimentario, de nuevo con Cuerpo al frente, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.El Gobierno planteó a finales de mayo a los agentes sociales extender el escudo anticrisis, y eso se tradujo dos semanas después en el inicio de una ronda de conversaciones que dio el pistoletazo de salida el pasado 10 de junio, cuando Cuerpo sondeó a las patronales y asociaciones del transporte, la logística y la distribución, entre los sectores más sensibles al shock de la guerra por su exposición a los costes energéticos y a las tensiones en las cadenas de suministro. Su objetivo, igual que sucediera antes de la aprobación del primer escudo anticrisis, es tomar el pulso, aunque en este caso no se parte de cero. Al contar ya con la experiencia de un paquete anticrisis, se busca ver qué ha funcionado y qué no, para mejorar así el diseño del nuevo decreto.Durante las últimas semanas, algunos sectores han hecho públicas sus demandas. El alimentario, por ejemplo, ha pedido ayudas directas y suspender el impuesto al plástico. Mientras que el de la logística reclama prorrogar las compensaciones un trimestre más, y ha criticado los retrasos en la entrega de las ayudas, lo que está empujando a algunas empresas a recurrir a financiación externa para sobrevivir.De momento, el Gobierno elude dar pistas sobre por dónde irán los tiros. Y se limita a marcar en rojo una fecha en el calendario: el 29 de junio se aprobará el real decreto ley con las nuevas medidas en un Consejo de Ministros ordinario, ya que las actuales decaen en buena parte el 30 de junio. “Estamos terminando las reuniones con los sectores para analizar el impacto económico y la efectividad de las medidas. Seguimos trabajando en la definición de las medidas y serán abordadas con los grupos parlamentarios”, insisten desde Economía.El final de la guerra está alterando ya el escenario de precios en los mercados internacionales, con los fertilizantes, el gas natural y el barril de petróleo experimentando importantes caídas, pero el Ejecutivo es consciente de que recuperar la completa normalidad llevará un tiempo. Y así se espera que lo reflejen los datos de inflación, que los expertos auguran que rondará el 4% este verano si no se prorrogan los descuentos a los carburantes —cerró mayo en el 3,2%—, una tasa que no se ve desde hace más de tres años.Las rebajas fiscales están actuando como un dique de contención de los precios. El Gobierno cifra en más de un punto su efecto a la baja sobre la inflación. Y ello se percibe en las cifras publicadas por la Comisión Europea, que colocan a España entre los países con la gasolina y el diésel más barato del continente.El horizonte se antoja menos tensionado. Aunque en los meses venideros aún se notará el impacto sobre la inflación de la guerra, a medio plazo el escenario tiende a ser desinflacionista. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), señaló este miércoles que el acuerdo de paz en Oriente Próximo podría alentar un exceso de oferta de petróleo el año que viene, lo que se traduciría en una caída de los precios, porque la demanda no cubrirá los aumentos de producción. El barril de crudo se paga actualmente a 78 dólares, frente a los 126 dólares que alcanzó a finales de abril.