El 13 de mayo, Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años, se realizó un procedimiento estético en Beauty Láser M.L., una pseudo clínica que solo tenía permiso para funcionar como peluquería. Al terminar, sus acompañantes la encontraron en estado crítico lo que hace que se quede bajo observación. Horas después, sus amigas no tenían información sobre Yulixa. Cuando fueron al lugar, estaba cerrado. Un centro que, según la alcaldesa de Tunjuelito tenía prevista su inspección para el segundo semestre. Tras las denuncias de familiares y amigos comenzó la búsqueda, y el caso saltó a los medios. En esa búsqueda aparecieron otros cuerpos en Bogotá, Soacha, Norte de Santander y Huila: el de una menor de edad, otro que no ha podido ser identificado por su estado de descomposición. Seis días después encontraron el cuerpo de Yulixa. La mataron. Colombia se escandaliza con razón, pero la verdad es que nada de esto debería resultar sorprendente en un país donde la seguridad ha sido un sector pensado por y para hombres, donde se priorizan las políticas reactivas, donde el poder lo ocupan las fuerzas de seguridad y donde su agenda está cooptada por la lucha contra las drogas. Porque en Colombia, el Estado trata la seguridad como una amenaza a controlar y no como un derecho a garantizar, y eso determina cómo se piensa, se prioriza y se responde. Solo miremos las discusiones de seguridad que estamos teniendo en época electoral. Más allá de los programas. Porque éstos pueden decir muchas cosas, pero la visión real de país se revela en los discursos y entrevistas, eso que día a día nos repiten los candidatos. Habrá matices y algunos temas nuevos, pero terminamos enfrascados en lo de siempre. La derecha saca su guion y sus palabras mágicas: Plan Colombia, fumigación, militarización, control territorial, duro contra el crimen, cárceles. La izquierda hace lo mismo: paz e inversión social. Y mantener esa misma discusión tiene un resultado bastante contraproducente: muchas violencias, fenómenos y mercados quedan invisibilizados o en segundo plano para el Estado: feminicidios, desapariciones, trata de personas y explotación sexual, violencia juvenil, exilio y asesinato de periodistas. Aparecen en los medios, generan indignación momentánea, pero no reciben la atención sostenida que merecen: recursos, personal capacitado y voluntad política.Por supuesto, debilitar el crimen organizado importa. Reducir robos y extorsiones importa. Tener mejores fuerzas de seguridad importa. Las desigualdades, el diálogo, las negociaciones y la inversión social también. Pero mientras la derecha se quede en lo operativo y militar, y la izquierda en lo macro y lo abstracto, seguiremos sin tener otras conversaciones de seguridad, sin plantearnos realmente otros modelos. Algo podría cambiar si el centro de sus discursos fuera, por ejemplo, el funcionamiento específico de la justicia. Pero no en la competencia de quién construye más cárceles o en la promesa vaga de la justicia social sino cómo hacemos para que haya menos reincidencia y cómo logramos que el sistema verdaderamente funcione. Algo podría cambiar si el centro de sus esfuerzos no solo fuera fortalecer las fuerzas de seguridad sino otras instituciones, como las comisarías de familia. Algo podría cambiar si sus palabras y reflexiones, en lugar de centrarse en la necesidad de disminuir la edad penal, se centraran en por qué tenemos menores de edad asesinando y en la importancia de invertir en la prevención de la violencia juvenil. Algo podría cambiar si dejaran de vender con condescendencia la participación de las mujeres en el debate público y en los puestos de liderazgo en seguridad como un tema lindo, uno que dicen apoyar pero que pocas veces priorizan de verdad. Algo podría cambiar si en el hacer del Estado colombiano el asesinato de una mujer pesara más que el aumento o no de unos cultivos de coca.Como señala Lorena Beltrán, periodista, víctima de una cirugía mal practicada e impulsora del proyecto de ley Cirugía Segura Ya, casos como el de Yulixa seguirán pasando porque solo cuando los micrófonos y las cámaras están alrededor es cuando las autoridades se mueven, y solo por un rato. Y recuerda que desde 2016 el Instituto de Medicina Legal dejó de contarlas: no sabemos cuántas mujeres mueren en procedimientos estéticos en manos de clínicas de garaje. Y a eso sumemos las mujeres que sufren violencia intrafamiliar o las víctimas de trata y explotación sexual.Mientras nuestras políticas, si es que se pueden llamar así, y narrativas de seguridad sigan siendo meramente reactivas, performativas y policiales, poco cambiará. Hay que pensar en el corto plazo, claro, pero seguir abandonando la prevención tiene un costo enorme. El problema es que la prevención no es sexy, no da votos, no genera titulares, y por eso tenemos que encontrarle la vuelta a ese dilema, porque la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo un compromiso de segunda categoría para el Estado colombiano. Ojalá algo cambie en nuestra visión de la seguridad para que el Estado deje de llegar tarde, cuando la mujer ya desapareció o la mataron.