Mientras Colombia entera cuestionaba a las mujeres que deciden practicarse procedimientos estéticos, a propósito de la muerte de Yulixa Tolosa, sus asesinos cruzaban, impunes, la frontera con Venezuela. La estilista de 52 años, desaparecida luego de practicarse una lipólisis láser en un local en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, no salió caminando de allí. La operó un hombre que trabajaba como barbero. La supuesta clínica solo tenía permiso para funcionar como peluquería. Y cuando su cuerpo apareció, seis días después en una carretera, el país entero seguía debatiendo sobre las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo.Como un ciclo que difícilmente termina, el problema de las cirugías estéticas ilegales no acabó ni empezó con Yulixa. Cinco días después, en Puebla (México), Blanca Adriana Vázquez desapareció tras someterse a una liposucción exprés y su cuerpo fue hallado tres días después en una zanja en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS por sus siglas en inglés), América Latina es uno de los mercados de cirugía estética más activos del mundo. Solo Brasil, México y Colombia sumaron más de 3,4 millones de procedimientos en 2024. Colombia practicó 491.000 de ellos. Lo que las estadísticas no miden es cuántas de esas intervenciones ocurrieron en una casa sin registro, con alguien que no estaba preparado para hacer la intervención. La difusión mediática que tuvo la muerte de Yulixa Tolosa presionó a la Alcaldía de Bogotá a adelantar varios operativos contra clínicas estéticas que funcionan sin permisos de sanidad y que usan fachadas para refugiarse. Beauty Láser M.L., el local donde se operó Yulixa, mantuvo su cuenta de Facebook intacta hasta hace pocos días. En ella promocionaba su lipólisis láser, un procedimiento que promete aplanar el abdomen y bajar medidas usando un láser que se introduce bajo la piel para derretir la grasa. En su página, con unos 900 seguidores, publicaban imágenes de antes y después de mujeres con cicatrices, inflamación y resultados asimétricos. Muchos de los cuerpos se veían deformes, con bultos, hundimientos y piel irregular. El costo, siempre ofertado en promoción, era de poco menos de 350 dólares, incluyendo los cuidados postoperatorios. Según la Alcaldía, Beauty Láser no tenía un lugar de funcionamiento fijo. Funcionaba más bien como una red que alquilaba locales por horas, para hacerlos pasar como quirófanos. Los ajustaba, según las necesidades, al procedimiento estético. La Fiscalía indaga sus vínculos con BL Doctora Danubia Blanco SAS, empresa con la que compartía el número de WhatsApp para agendar citas con pacientes. El personal médico rotaba entre una y otra. Las autoridades rastrearon al menos tres puntos vinculados a la misma “franquicia” clandestina. En ese caso, que ocupó titulares en todo el mundo, la justicia ha actuado con celeridad, aunque no la suficiente para haber capturado a los responsables en territorio colombiano. Esta semana, gracias a una alerta azul de Interpol, las autoridades venezolanas detuvieron en el estado de Portuguesa a María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Láser y a su pareja Edinson José Torres Sarmiento. Un tercer detenido, capturado en Maracay, es Eduardo David Ramos Carías, el hombre que operó a Yulixa. La Fiscalía colombiana anunció que solicitará su envío al país, pero la Constitución venezolana prohíbe extraditar a sus ciudadanos, por lo que el futuro judicial es incierto. En Cúcuta, entre tanto, las autoridades colombianas detuvieron a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados de haber recibido instrucciones para recuperar y deshacerse del vehículo en el que fue transportado el cuerpo de Yulixa. Este viernes, la Justicia los envió a prisión mientras avanza el proceso en su contra. La Secretaría de Salud del Distrito ha reportado que, en lo que va del año, ha adelantado 379 operativos en contra de clínicas que ofrecen servicios estéticos sin permisos y en contra de las que, aun con sus licencias, han sido denunciadas por mala praxis. Sin embargo, esa reacción no resuelve el problema de raíz. El año pasado la misma Secretaría recibió 282 denuncias por procedimientos estéticos irregulares, el 70% de ellas contra establecimientos clandestinos. Muchos de ellos operan a la vista de todos, en avenidas principales y con conocimiento de las autoridades. Lorena Beltrán, periodista y activista del proyecto de ley Cirugía Segura Ya, que busca reforzar los controles legales sobre los procedimientos estéticos, dice que el fenómeno sobrepasa los controles. “Una vez que les sellan el establecimiento, crean otra clínica con un nuevo nombre legal y siguen operando”, advierte. Mientras las autoridades anunciaban operativos, en X varias personas denunciaban que en Chapinero, una de las localidades con más actividad comercial de Bogotá, operaba otro centro de cirugías clandestino bajo la fachada de un salón de belleza. Casa Cavalier, que tiene en Google 103 opiniones negativas que lo describen como “centro estético fachada”, cirugías exprés, a bajo costo y sin exámenes. Su promesa era la de hacer milagros con poco bisturí. Cuando la Alcaldía selló el establecimiento esta semana, sus propietarios se apuraron por sobreponer un letrero que afirma un cierre por “remodelaciones”. La herencia del bisturí La polémica está centrada en Bogotá, pero el problema está concentrado en Medellín y Cali, dos ciudades que cargaron en los años ochenta y noventa con el estigma del narcotráfico y que heredaron, entre otras cosas, un estereotipo de mujer voluptuosa, de curvas pronunciadas, abdomen plano y figura esbelta. Es un ideal de cuerpo que con los años ha dejado de ser un estigma para convertirse en industria. La página Cirujano Plástico Colombia ofrece a propias y extranjeras planes turísticos que incluyen procedimientos estéticos. Son paquetes que comienzan en los 1.800 dólares (siete millones de pesos) y ofrecen traslados desde los aeropuertos, hospedaje, alimentación completa, tours, exámenes médicos previos a la cirugía y controles semanas después. Colombia es el cuarto destino mundial en turismo médico estético. En 2024, tres de cada 10 pacientes que se operaron en el país eran extranjeros —europeos, estadounidenses, canadienses— que encontraron procedimientos hasta un 70% más baratos que en sus países. El crecimiento de esa industria, que deja dólares y puede reforzar un sistema sanitario en crisis, avanza, sin embargo, con la sombra de la ilegalidad, como dos respuestas paralelas pero muy diferentes a un mismo deseo. En Medellín, en ese año, hubo 124 denuncias por mala praxis en procedimientos estéticos y tres mujeres murieron tras intervenciones en clínicas sin regulación. Esos son apenas los casos que las autoridades conocen, pues el subregistro hace imposible saber con precisión cuántas personas han sido víctimas de las clínicas de garaje. En Cali la situación no es muy distinta, aunque las autoridades llevan menos cifras que en el resto del país. Entre 2013 y 2023, Medicina Legal documentó 71 muertes por cirugías estéticas mal practicadas. La causa más frecuente no fue el bisturí sino la inyección de grasa en glúteos, que concentró el 24% de las muertes. En las necropsias, los forenses encontraron trombosis venosa profunda en uno de cada cuatro cuerpos y tromboembolismo pulmonar en otros. En muchos casos se trata de mujeres que no murieron en el quirófano, sino horas o días después, sin que nadie respondiera.La muerte de Yulixa Toloza ha vuelto a arrojar luz sobre un problema muy antiguo que ha mutado a lo largo de las décadas. También ha dado pie a debates, culpabilidades e incluso a reflexiones que se preguntan si acaso este caso no se trata de un feminicidio. Esa conversación avanza y se enriquece, aunque con el riesgo latente de que vuelva a caer sobre ella un manto de silencio. Hasta una próxima tragedia.