La consigna la dio a finales de abril la dirección nacional de Vox, que ordenó a sus grupos municipales llevar su “prioridad nacional” a los plenos de los ayuntamientos para presionar al PP, una medida que también se ha clonado en parlamentos autonómicos. A Andalucía ya había llegado la cuestión, pero esta semana aterriza en el Consistorio de la capital andaluza, Sevilla, justo cuando en el ámbito regional se está en puertas de iniciar la negociación entre ambas formaciones en busca de un pacto que permita nombrar por tercera vez presidente a Juan Manuel Moreno.
La propuesta de acuerdo ya se ha registrado, y recoge un cúmulo de los mensajes que no deja de lanzar la formación de ultraderecha contra la población migrante cargados de bulos y huérfanos de datos oficiales. La iniciativa supone un desafío para el alcalde, José Luis Sanz (PP), que debe surfear una ola en la que se combinan sus propios intereses (Vox es su aliado presupuestario) y los de Moreno, que en campaña minimizó esta prioridad nacional y la redujo a un eslogan.
Sea como sea, el PP ha comprado la idea en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón para mantener a sus presidentes, por mucho que suponga discriminar a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas y choque con varios preceptos legales. Y se da por hecho que la ultraderecha la incluirá entre sus exigencias para respaldar al actual presidente andaluz en funciones, de hecho la habría marcado como su línea roja por encima incluso de entrar en el Ejecutivo andaluz. Moreno, por su parte, insiste en que no tragará con cualquier cosa y que el hipotético pacto no puede generar “ni divisiones ni bronca”.
