José Luis Rodríguez Zapatero se estaba preparando para salir a correr este martes, como hace con frecuencia a primera hora de la mañana, cuando el agente en la garita que custodia la puerta de su vivienda en Las Rozas (Madrid) dio el aviso: “Está aquí la policía judicial”. En ese instante, el expresidente del Gobierno, que había asegurado de todas las maneras posibles y a todos los interlocutores a su alcance que era una “patraña” eso de que la investigación sobre el caso Plus Ultra que implicaba a un amigo suyo podría terminar cercándole a él, se estrelló contra la realidad. Los agentes venían a entregarle en mano su imputación por un delito de tráfico de influencias, un disco con alguna documentación del caso cuyo secreto se acababa de levantar, y una citación judicial para acudir a la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, relatan fuentes de la investigación. Era la primera vez que esto ocurría en democracia y se había preparado todo al milímetro. Los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le ofrecieron acudir a su oficina en el número 35 de la calle Ferraz ―“centro operativo de la actividad documental de la red”, según el juez― porque la iban a registrar. Él prefirió quedarse en su vivienda. Vivienda en la que, por cierto, la UDEF también había querido entrar para incautar documentación. Sin embargo, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, a cargo del caso ―la misma que acusó de graves delitos de corrupción al exvicepresidente del Gobierno popular Rodrigo Rato durante su juicio―, se opuso a esta petición y el juez instructor José Luis Calama la denegó. Tampoco aceptó el clonado del teléfono móvil de quien, seguro, atesora conversaciones con altos dirigentes políticos mucho más allá de las fronteras españolas. En realidad, el informe policial que ubica a Zapatero en el “vértice” de una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras” había llegado a la mesa de la fiscal la semana anterior al registro, el 14 de mayo. Esa tarde, Zapatero, ajeno al operativo que se estaba preparando en torno a él, salió a dar un mitin en Cádiz junto a María Jesús Montero, candidata por el PSOE a las elecciones andaluzas. “Nos sentimos orgullosos de un Gobierno que está liderando el futuro de las relaciones internacionales”, dijo allí. Precisamente por eso, por los comicios en Andalucía y para evitar cualquier tipo de intromisión electoral, la fiscal no contestó al escrito de la UDEF hasta el lunes 18 por la mañana. Ese mismo día, ya con Juan Manuel Moreno Bonilla proclamado ganador de las elecciones, el juez Calama firmó un auto de 88 páginas en el que llevaba semanas trabajando. “Se acuerda poner la existencia de las presentes actuaciones en conocimiento de José Luis Rodríguez Zapatero, a fin de que pueda personarse en el procedimiento en calidad de investigado”, decía el último párrafo. Para llegar a ese punto, la causa judicial había seguido un recorrido un tanto laberíntico. En 2024, las autoridades de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra) habían remitido documentación a España explicando que estaban inmersos en una investigación por blanqueo de capitales derivado del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2021 para salvar a la compañía aérea Plus Ultra tras la pandemia. El juez francés llegó a viajar a Madrid para realizar una serie de entradas y registros a domicilios ubicados en la capital, Pozuelo (Madrid), Tenerife y Mallorca. Esto provocó que la Fiscalía Anticorrupción abriera unas diligencias aquí con las que supervisar si ese lavado de dinero había dejado algún rastro en territorio español. La manera en la que el Consejo de Ministros dio luz verde al rescate de esa aerolínea ya había sido objeto de polémica años antes, utilizada por la oposición (PP y Vox) y por el pseudosindicato Manos Limpias, para iniciar una causa que terminó archivándose por un error de forma. El asunto estaba enterrado, pero con estos nuevos datos de las dos fiscalías de países europeos, Anticorrupción quiso indagar de nuevo. La fiscal Lorente pasó desde finales de 2024 hasta después de verano de 2025 investigando hasta que decidió judicializar la causa en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La magistrada Esperanza Collazos firmó el 11 de diciembre de 2025 la orden para registrar la sede de Plus Ultra, la casa del secretario del consejo de administración Santiago Fernández Lena, la del venezolano Rodolfo Reyes (expresidente de la aerolínea), la del actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, la del consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, la del abogado Miguel Palomero y la de un desconocido empresario hasta entonces, Julio Martínez Martínez. A estos cuatro últimos, los detuvo la UDEF y pasaron 48 horas en los calabozos. La investigación cogía ritmo y ya había elementos para sospechar que al dinero de la ayuda pública se le había podido dar un uso fraudulento. En algún momento y sin que hubiera trascendido hasta ahora, una agencia policial norteamericana, la Home Security Investigations, puso a disposición de la UDEF española “la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas”, según recoge el auto, que no concreta la fecha de ese trasvase de información.Tras las detenciones de diciembre de 2025, la prensa puso el foco en el empresario Martínez Martínez, no porque a priori fuera el más importante de la trama, sino porque tenía un amigo muy destacado: José Luis Rodríguez Zapatero. Así se fue conociendo, por ejemplo, que era original de Elda (Alicante), multimillonario; que entre sus amigos célebres también estaba el exministro del PP Eduardo Zaplana; o que contaba con un entramado empresarial de 35 compañías. Muchas de ellas sin actividad y otras tantas sin trabajadores ni sede física. Hubo una que llamó la atención especialmente: Análisis Relevante. Porque esta pequeña consultora tenía a sueldo al expresidente del Gobierno. El socialista tuvo que salir en tres ocasiones a dar explicaciones. Primero, brevemente, en un canutazo en Los Desayunos del Ateneo de Madrid. “Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría”, expuso. Después, en el Senado, donde ya el PP insinuó sin remilgos que Análisis Relevante podía ser una consultora tapadera: “Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”, dijo. “No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás”, añadió. Y, por último, en una entrevista en Onda Cero. Zapatero mantuvo siempre la misma versión: había cobrado de Análisis Relevante, sí, aproximadamente 450.000 euros en cinco años (han resultado ser 490.780 euros) por elaborar informes de consultoría, a veces escritos y a veces verbales; Julio Martínez Martínez era su amigo y salían juntos a correr, pero él no conocía que Plus Ultra era cliente; sus hijas también cobraban de Análisis Relevante a través de su empresa Whathefav por maquetar los informes que él hacía y luego pasaba a más pagadores; y todo era legal. La tesis del juez Calama es bien distinta: “La coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones intervenidas, los contratos suscritos y los flujos económicos recibidos y remitidos por Análisis Relevante constituye un conjunto de indicios sólidos que apuntan a su papel como pieza instrumental en la estructura delictiva”. El magistrado considera al expresidente el “líder” de una “estructura organizada y estable” que actuó al menos entre 2020 y 2025 y que se dedicaba a utilizar su agenda para hacer caja, canalizando esos pagos de forma irregular. Fuentes de la investigación reconocen que durante estos meses ha habido “tensiones” entre el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sobre dónde poner la línea roja en estas actuaciones. Calama ha pisado el freno hasta que no ha visto totalmente claro el escenario para poder actuar, afirman distintas voces de la causa. La UDEF registró el martes todo lo que rodea a Análisis Relevante, que ahora está en el foco de las pesquisas para averiguar si, en realidad, era una suerte de empresa pantalla en la que se falseaban informes de consultoría para cobrar favores e influencias. Entraron en la oficina del exjefe del Ejecutivo, volcaron el teléfono móvil de su secretaria Gertrudis Alcázar, sobre la que el juez entiende que es “quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas” para maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos", y revisaron la caja fuerte. No había cantidad reseñable de dinero, indican dichas fuentes. Entraron también en Whathefav ―“sociedad finalista”, que recibía pagos de sociedades instrumentales hacia el entorno de Zapatero―; en Sofgestor ―“vehículo de canalización de fondos” para justificar los pagos de asesorías―; y en Inteligencia Prospectiva. Esta empresa, en la que, por cierto, los agentes tuvieron que realizar un requerimiento porque estaba en obras y no pudieron pasar, pertenece a dos hermanos venezolanos (Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón) y es también nuclear, según apuntan fuentes de la investigación, porque era el “punto de entrada de los fondos extranjeros”. Si las diligencias iniciales se centraban en las circunstancias y el destino del dinero del rescate de Plus Ultra, los investigadores elevaron el listón al llegar a todo este entramado empresarial. Se percataron entonces de que no era solo la aerolínea, sino que todos los clientes que pagaron a Análisis Relevante pudieron estar pagando, supuestamente, mordidas por influencias de algún tipo.En el caso de Inteligencia Prospectiva, una empresa deficitaria y con continuas ampliaciones de capital de dinero extranjero, el magistrado sostiene que Zapatero pudo hacer gestiones por petróleo en Venezuela. Utilizaron mecanismos para camuflar la introducción en España de importantes cantidades de fondos. Un elevado volumen de movimientos entre 2020 y 2025, “con entradas y salidas superiores a 2,66 millones de euros”. A la empresa de las hijas de Zapatero le pagaron 561.440 euros en ese periodo. Pero el juez apunta también a una sociedad con capital chino (Grupo Aldesa) que pagó a Análisis Relevante 133.100 euros, por ejemplo. Plus Ultra, una red cimentadaLa investigación debe sumergirse ahora en la pata internacional. Calama mantiene una ramificación de la causa secreta en la que analiza el dinero en el extranjero y ha pedido información a Estados Unidos. Allí, en Miami, el empresario Julio Martínez Martínez tiene una cuenta no declarada con algo más de medio millón de euros. Toda la parte del rescate de Plus Ultra está más cimentada, creen las fuentes judiciales. Los teléfonos intervenidos en el primer operativo de diciembre han revelado cómo los dueños de Plus Ultra hablaban entre ellos de los movimientos de Zapatero para conseguir el rescate. “Zapa es nuestro contacto”, “no sé si será bueno que (…) Zapatero hable con alguien en la SEPI”. De las conversaciones se desprende que cuando el Gobierno comenzó en marzo de 2020 a anunciar ayudas para el sector turístico, más afectado por la pandemia, la aerolínea mostró su interés por entrar en este paquete, así costara pagar una mordida. “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, dijo Martínez Sola, actual presidente de Plus Ultra, al directivo anterior Rodolfo Reyes el 30 de marzo.Dos meses después, Manuel Fajardo, un joven de 37 años a quien llaman el “hombre de Zapatero en Venezuela”, les pone en contacto con el “amigo”, con Julio Martínez Martínez. Y el 30 de julio de ese año, Plus Ultra contrata al empresario a través de Análisis Relevante. Para el juez Calama es determinante que los dueños de la compañía supieran incluso antes de que se reuniera el órgano de la SEPI que debía aprobar el rescate que ellos ya tenían la ayuda concedida. El instructor apunta dos cuestiones como determinantes en la supuesta participación de Zapatero. Primero, que se suscribió un contrato por el que Julio Martínez Martínez se llevaba el 1% del rescate si este finalmente se concedía. Y se firmó con una empresa llamada Idella Consulenza Strategica. Y segundo, que esta sociedad se hizo con la titularidad de otra sociedad en Dubái donde la red pretendía enviar el dinero de la comisión, según sostienen los investigadores. El auto de Calama expone que hubo una orden directa de Zapatero a su secretaria para que se pusiera en marcha la creación de esta sociedad off shore en Emiratos Árabes Unidos. En el relato que hace el juez no hay evidencias de los contactos que supuestamente ponía en marcha Zapatero, ni tampoco hay muestra de presiones o influencias que él pudiera ejercer de forma directa. Únicamente hay una conversación que el magistrado achaca directamente al expresidente: “En tiempo y forma. Exitosa gestión”, dijo supuestamente “Z” el 31 de julio de 2021 a Julio Martínez tras lograr la aprobación de unos vuelos a través del presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). Con las entradas y registros de esta semana en la bautizada como Operación Tíbet, lo que se busca es, precisamente, anudar todos los indicios que de momento contiene la causa. Mientras tanto, el juez ha bloqueado las cuentas de algunas empresas investigadas, así como ha congelado de forma parcial las de Zapatero, un montante de 490.780 euros, que fue lo que cobró por las consultorías de Análisis Relevante. Después de que la UDEF abandonara su casa, el expresidente apenas ha vuelto a salir. Está recluido preparando su defensa sin descanso. Fuentes de su entorno aseguran que “confía plenamente en el Estado de Derecho y en la Justicia y esa es su convicción”.