Helena PelicanoJerusalén. Servicio especial 23/05/2026 21:14 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido desde el aeropuerto de Barcelona que la Fiscalía investigue de forma inmediata las denuncias de malos tratos, torturas y posibles agresiones sexuales formuladas por activistas de la Global Sumud Flotilla tras su detención por Israel. Urtasun ha reclamado la apertura de un procedimiento ante la Audiencia Nacional y ha pedido depurar responsabilidades penales por lo que considera una actuación “inaceptable”, además de insistir en la necesidad de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.En paralelo, los equipos jurídicos de la flotilla han iniciado una ofensiva legal en múltiples países tras la interceptación de sus embarcaciones cuando se dirigían a Gaza. Según han explicado sus abogados, ya se han activado o preparado procedimientos en al menos siete Estados —Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, Francia y España— con el objetivo de denunciar la inacción de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos y promover la detención internacional de varios funcionarios israelíes.Además, desde la flotilla, junto a la fundación Hind Rajab, han identificado a 7 miembros de la fuerza especial naval israelí y funcionarios de prisiones “responsables de crímenes” durante el arresto de los activistas en el mar, “y se han presentado denuncias en los países indicados para exigir órdenes de arresto para estas personas”.“Lo que ya estamos haciendo es iniciar procedimientos legales en varios países, incluidos Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia”, señaló Bader Alnoaimi, miembro del equipo legal de la Global Sumud Flotilla. El jurista añadió que en Francia ya se ha celebrado una audiencia judicial “contra la complicidad y la inacción del Estado francés” respecto a la protección de sus nacionales participantes en la misión.Alnoaimi precisó además que, junto a la fundación Hind Rajab, se han identificado siete miembros de unidades navales israelíes y funcionarios penitenciarios a los que atribuyen responsabilidades en el trato a los activistas durante su detención. En varios países se han presentado denuncias para solicitar órdenes de arresto internacionales contra estos individuos. “Tenemos equipos legales nacionales que trabajan día y noche en sus respectivos países para garantizar la rendición de cuentas”, afirmó.Las denuncias han intensificado la presión política en Europa. Italia, Bélgica y Países Bajos han convocado a representantes diplomáticos israelíes, mientras que Francia ha dado un paso más al prohibir la entrada en su territorio al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir.París justifica la decisión por las acciones atribuidas a Ben Gvir en relación con el trato a los activistas, incluyendo vídeos en los que aparecen detenidos esposados y arrodillados. El Gobierno francés ha anunciado además su intención de impulsar, junto a otros socios europeos, sanciones a nivel de la Unión Europea contra el ministro israelí.El caso ha abierto un nuevo frente de tensión diplomática en el continente, en paralelo al debate sobre la responsabilidad de los estados en la protección de sus ciudadanos en misiones humanitarias y sobre el alcance de la jurisdicción internacional frente a presuntas violaciones de derechos humanos.Colaboradora de La Vanguardia en Oriente Medio. Anteriormente, pasó por la delegación de El Cairo de la Agencia EFE y el Parlamento Europeo