Un año después de que la información sobre justicia ambiental y climática comenzara a ser suprimida o alterada frenéticamente de las páginas web del Gobierno de EEUU, la situación continúa siendo crítica para quienes intentan rescatarla. “Estamos en el Titanic, está entrando agua y hay que sacarla”. Así resume este colosal esfuerzo Cathy Richards, jefa de tecnología en el Proyecto de Datos Medioambientales Abiertos (Open Environmental Data Project).

Cuando Richards se incorporó en octubre de 2024 a este movimiento, dedicado a hacer la información ambiental pública más accesible para la sociedad, pensó que dejaba atrás su experiencia en seguridad y privacidad digital. Había pasado cinco años, a veces “en países peligrosos”, instalando programas para que activistas amenazados, en muchos casos ambientales, pudieran comunicarse de forma segura. La elección de Donald Trump como presidente de EEUU en noviembre de ese mismo año cambió sus planes.

Con su famoso Drill, baby, drill, Trump había anunciado durante la campaña su intención de desmantelar las políticas ambientales, algo que ya inició en su primer mandato con la eliminación de planes de acción climática y de energía limpia, así que esta vez la comunidad científica empezó a prepararse por lo que pudiera ocurrir.