La vida de Missael se quedó en pausa cuando perdió sus papeles. Después de residir y trabajar en España durante más de un año, la respuesta negativa de su petición de asilo le empujó de nuevo a la economía sumergida y abrió un paréntesis en sus pasos recorridos en Huelva, la ciudad donde se asentó tras abandonar Perú. Hasta que a principios de mayo recibió un email de su abogado, que adjuntaba el documento que ansían recinir las cientos de miles de personas que, como él, han pedido la regularización extraordinaria.
“Ha tenido entrada en esta Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales”, rezaba el documento notificado por su letrado, Felipe Garoña. “El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional caso de que se encuentre en edad laboral, por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio , a la persona solicitante a residir y, en a trabajar nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad ”, indicaba el escrito.
Con otras palabras: ese documento le reconocía su derecho a vivir y trabajar en España, al menos mientras se estudia a fondo su petición. Missael volvía a tener papeles. Él, como ya había trabajado, no tuvo que esperar a recibir el número de la Seguridad Social, cuyos retrasos están obstaculizando la inserción laboral de muchos inmigrantes con solicitudes admitidas.
