En la campaña electoral de Rodrigo Paz en Bolivia, una imagen despertó especial interés: él y su vicepresidente, Edmand Lara, llevados en hombros por aimaras de Omasuyos, provincia históricamente conocida por su ferocidad organizativa. Paz mostraba así que había conquistado un electorado difícil, que además era un importante brazo del anterior Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). Ahora, a seis meses del inicio de la nueva gestión, con una crisis política y económica que lo mantienen acorralado, son uno de los sectores sociales que exigen con mayor vehemencia su renuncia. El Gobierno los ha acusado de preparar un levantamiento armado.La evolución en tiempo récord de los aimaras de Omasuyos, de partidarios de Paz a enemigos declarados, se replica en otros grupos que también dicen sentirse “traicionados” y “abandonados por el Gobierno”. Los mineros asalariados, los obreros fabriles, los profesores públicos o las juntas vecinales de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y la que tiene mayor presencia indígena.El descontento ha escalado tan rápido como las exigencias que estos grupos sociales hacen al Gobierno: de un incremento del 30% al salario básico para afrontar la aguda crisis económica o la abolición de una reforma agraria a la salida forzosa de Paz. “Se le dio plena confianza a Paz y Lara en estos seis meses y nos han dado la espalda”, argumentó en una entrevista televisiva David Mamani, uno de los ejecutivos de la Federación de Campesinos de La Paz Tupak Katari que mantiene sitiada desde hace más de dos semanas la ciudad que es sede de Gobierno. “Por mentiras, por engaños y por abrazarse con la oligarquía boliviana, la población ha decidido que [Paz] tiene que dar un paso al costado. Recién entonces habrá pacificación; caso contrario, el conflicto se agravará”, continuó.Las medidas de presión han aumentado en los últimos días y los bloqueos de carretera afectan al menos a seis de los nueve departamentos que conforman Bolivia. El lunes y el viernes hubo violentos enfrentamientos en La Paz entre manifestantes, que lanzaban dinamita, y la Policía, que respondía con gases lacrimógenos, en unas jornadas que dejaron al menos 100 detenidos y una ciudad hecha trizas.El Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, aseguró a EL PAÍS que esta semana los aimaras de la Tupak Katari se abrieron por primera vez al diálogo desde que comenzó el conflicto y se mostraron receptivos a declinar su solicitud de renuncia de Paz. Para sentarse con el Gobierno, los manifestantes han desplegado una serie de condiciones que no fueron reveladas para “no entorpecer el diálogo”. Ahora depende de él, según Calizaya, que sean aceptadas a través de un “mensaje claro” a la población. La socióloga y analista política Luciana Jauregui asegura que el descontento tiene que ver con una seguidilla de decisiones del mandatario: “Hay una erosión acelerada en cuatro fases. La primera es cuando llega al Gobierno y hace una ruptura con su base social. En la segunda, implementa una estrategia de ajuste de shock con el decreto 5503 [después derogado] bajo una vía de concentración de poder en el Ejecutivo. El tercer punto de quiebre es la pérdida de legitimidad cuando admite la distribución de gasolina de mala calidad y la cuarta fase es con la reforma agraria”.Desde que anunció la conformación de su gabinete de ministros al día siguiente de asumir, el pasado 9 de noviembre, Paz dio una señal de alejamiento de lo que se conoce como el campo popular o el bloque nacional popular. El Ejecutivo quedó diseñado con funcionarios de la llamada época neoliberal de Bolivia (1982-2005) y con exdirectores de instituciones que representan a la élite agroindustrial. En lo económico, sin embargo, las primeras señales fueron esperanzadoras. Se eliminó la subvención al combustible —aumentando el precio de la gasolina en un 86% y en un 163% el del diésel— sin generar una crisis de desabastecimiento.El presidente abrió una agenda internacional y organizaciones como la Cooperación Andina o el Banco Mundial prometieron ayuda en liquidez para aumentar las reservas internacionales, en mínimos. A pesar de ello, no han llegado las anunciadas leyes estructurales para reactivar la economía del país, como la de hidrocarburos o minería. Ni siquiera ha sido aprobado el Presupuesto General del Estado de este año. Pero sí llegó un informe del Fondo Monetario Internacional que pronostica que Bolivia tendrá el peor desempeño económico de la región este año —con una caída superior al 3% del PIB— y que la inflación superará el 20% en diciembre.La politóloga y docente universitaria María Teresa Zegada asegura que existe una decepción como consecuencia de una sobredimensionada expectativa para revertir la crisis institucional y económica. “Hubo acciones destacables cuando denunció malversación del Gobierno anterior o con el tema del narcotráfico, pero el hecho de que no exista una renovación en varias instancias gubernamentales hace pensar que no actuó de forma radical como prometía. Desatender las demandas de los sectores populares fue otro de los pilares del malestar”, reflexiona.Ante las turbulencias, Paz hizo autocrítica en su conferencia de prensa del miércoles. “Nos ha faltado acercarnos a otros sectores. Las últimas tres semanas me he estado reuniendo con parte de los manifestantes y el reclamo es: ‘queremos ser parte de las soluciones”. Como respuesta, el presidente anunció un reordenamiento en su gabinete que comenzó el jueves con el ministro de Trabajo, además de la creación de un Consejo Económico Social donde se gestarían las nuevas políticas mediante el debate entre el Gobierno, el sector empresarial y los movimientos en protesta.Jauregui y Zegada coinciden en que las reestructuraciones son válidas, pero tardías. “La creación de un Consejo Económico Social es una buena iniciativa, pero debió tomarse desde el inicio del Gobierno. Algo que se le está reclamando es que el sector popular no ha sido consultado, o al menos puesto en conocimiento. Respecto al gabinete, no sabemos cuáles son los puntos débiles que ha identificado ni por dónde vendrán los cambios. Ese es el problema en general: uno espera con expectativas las propuestas, pero no hay una concreción y eso genera una especie de susceptibilidad”, opina Zegada.Jauregui, por su parte, piensa que la renuncia de Paz es un escenario posible, aunque no inmediato. Asegura que ya no tendrá músculo político para sacar adelante las reestructuraciones necesarias. “El resultado inmediato del conflicto es un Gobierno que ya no aparece como la fuerza reformadora con la que se presentaba, sino como una administración bajo asedio permanente. Se ha vuelto un gobierno de gestión de crisis, con poca capacidad de acción”, valora sin que haya aún certeza de cuánto se levantarán las protestas.