La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que han paralizado parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se han elevado: han pasado de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.
La crisis política ha agravado la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.
Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB ha puesto entre la espada y la pared al Gobierno de Paz y ha instalado un clima de convulsión en el que no han faltado excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.
El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación ha cobrado fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales han derivado en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.
