Junts per Catalunya pega una sacudida a la cuerda floja sobre la que avanza la legislatura española. El partido independentista catalán trata de combinar la gestión de sus incendios internos con el lanzamiento de reforzadas ráfagas de munición contra el Gobierno. La premisa es instalarse en la fase de fin de legislatura. El argumentario del grupo de diputados que comanda Míriam Nogueras en el Congreso acusa a Pedro Sánchez de actuar con “menosprecio a la democracia” y de no tener “legitimidad democrática”, una escalada acusatoria que se empareja con los reproches difundidos por PP y Vox. Junts busca hacer equilibrios para enseñarle la puerta a Sánchez pero sin parecer que le tiende una alfombra roja a la derecha y a la ultraderecha.“Decimos que Sánchez no tiene argumentos democráticos para no convocar elecciones, pero en ningún caso invitamos a PP y Vox a nada”, manifiesta un representante del partido, estrechamente vinculado con la estrategia que se despliega en el Congreso de los Diputados. “Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría”, le espetó Míriam Nogueras a Pedro Sánchez hace unas semanas, y aludió a la “corrupción que le rodea” para preguntarle directamente al presidente: “¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?”. Eso fue antes de que estallara la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Durante meses, el expresidente tuvo un papel clave de bisagra en los contactos entre Junts y el PSOE. Otro puente que se ha roto. En la sesión del miércoles en el Congreso, el diputado Josep Pagès, abogado y negociador de la ley de amnistía por parte de Junts, lanzó una suerte de interrogatorio al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuestionándole si “le parece democrático un Gobierno que no tiene en cuenta al Parlamento”. La crítica se ceba en la ausencia de presupuestos, en la “falta de mayoría” con la que chocan los planes del Ejecutivo cuando llegan al Congreso y en el “abuso” de los Decretos para suplir esa posición de debilidad. El partido de Puigdemont tiene varios frentes abiertos, como la inesperada pugna de candidatos que ha envenenado la elección de un alcaldable para Barcelona, y busca cómo salir de todos ellos con pocos arañazos. Junts facilitó en noviembre de 2023 la investidura de Pedro Sánchez, pero los recelos entre las dos partes fueron prácticamente instantáneos y el distanciamiento se fue acusando de manera progresiva hasta anunciarse en otoño pasado la “ruptura” total de las relaciones. Ha habido aproximaciones, como la ley de multirreincidencia para endurecer el castigo a pequeños hurtos puntuales, el retraso del sistema de verificación de facturas (Verifactu) o, más recientemente, la búsqueda de un acuerdo en materia de vivienda, pero la desconfianza es máxima. Hasta hace poco, Junts focalizaba en la marginación del catalán sus críticas al proceso de regularización de inmigrantes. El ataque al Gobierno ha pasado a ser total por haberlo hecho “unilateralmente, sin consenso político, sin debatir las implicaciones sociales y económicas, sin planificación y sin financiación”. Un hilo argumental que se asemeja a la acusación de “irresponsable”, “inhumana, injusta, insegura e insostenible”, sostenida por el PP y Alberto Núñez Feijóo. El diputado Josep Pagès subrayó el miércoles en el Congreso que la regularización “no se habría aprobado” si hubiera sido sometida a votación. “Nosotros habríamos votado en contra”, aseveró. Ni siquiera cuando se menciona la aprobación de la ley de amnistía la tensión se relaja, porque Junts considera que el PSOE no se esfuerza lo suficiente para que la norma despliegue plenos efectos, lo que facilitaría el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. El mismo reproche se lanza al Gobierno en relación con una supuesta dejadez en la pelea diplomática para que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la Unión Eurpoea. “El PSOE es especialista en hacer ver que hace algo, pero en realidad no hace nada”, manifiesta un alto cargo de la dirección de Junts. Un alegato que Junts usa como bala de doble carga. De una parte, desmerece la credibilidad del Gobierno y, de la otra, trata de desgastar a su rival doméstico Esquerra Republicana. Más allá de la profunda animadversión que se dispensan Míriam Nogueras y Gabriel Rufián, Junts construye su ofensiva contra ERC sobre la idea de que los republicanos viven rendidos al Gobierno, solo por el miedo de que una posible cita con las urnas propulsaría una ola de PP y Vox. “Da rabia esa idea de que Cataluña tiene que salvar a España y que el PSOE es un mal menor”, dicen en Junts. Esquerra, y Rufián en particular, abunda en la teoría de que Junts no teme a los augurios de un hipotético Gobierno en manos de PP y Vox porque, en el fondo, comulga con parte de sus postulados.