Miguel Guerrero Cobo es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Don Benito desde el año 2023. A su llegada al cargo se encontró con una realidad que considera incompatible con una justicia eficaz: atascos que paralizaban decenas de procedimientos judiciales en toda la provincia de Badajoz. Una situación que ha ido a más durante estos años y que estado lejos de mejorar. Por ello, Guerrero decidió exponer la situación a través de su cuenta en la red social X. No es habitual ver como un juez expone públicamente un problema relacionado con un servicio a la ciudadanía en redes sociales. Pero su demanda virtual ha encontrado respuesta por parte del Ministerio de Justicia, que busca una solución laboral a las circunstancias por las que están atravesando los profesionales que trabajan en este organismo. El Gobierno central ha anunciado un refuerzo con la incorporación de siete nuevos profesionales: tres psicólogos, tres trabajadores sociales y un educador, antes del próximo mes de julio. A ellos se sumarán dos técnicos de autopsias antes de septiembre. El objetivo es completar “al 100%” la cobertura de unos equipos técnicos que llevaban años funcionando al límite. En la actualidad, contaban con cuatro especialistas para atender informes de toda la provincia, lo que obligaba a retrasar juicios o a resolverlos sin evaluaciones técnicas. Guerrero sostiene que los informes psicológicos y sociales imprescindibles para resolver asuntos especialmente delicados estaban llegando tarde o, directamente, dejaban de solicitarse porque jueces y fiscales asumían que la espera podía prolongarse durante años.Hasta ahora, el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Badajoz estaba formado únicamente por cuatro especialistas para atender las necesidades de los 14 partidos judiciales de toda la provincia. El resultado era un cuello de botella que afectaba a procedimientos de familia, violencia de género, agresiones sexuales o protección de menores.El magistrado decidió explicar públicamente las consecuencias reales de ese colapso. Mencionó los problemas para niños que pasan años sin ver a uno de sus progenitores, los de víctimas de violencia machista atrapadas en procedimientos eternos o de decisiones judiciales que llegan cuando la realidad familiar ya ha cambiado por completo. “Cuando finalmente se recibe el informe, la situación puede ser completamente distinta”, advertía el juez en su denuncia. Según explicaba, algunos procesos permanecían paralizados más de dos años a la espera de valoraciones psicológicas o sociales. Ese retraso convertía muchas resoluciones judiciales en respuestas tardías a problemas que ya habían evolucionado o empeorado.Uno de los ejemplos que más preocupa al magistrado es el de las medidas provisionales en procesos de familia. En algunos casos, la suspensión del régimen de visitas entre padres e hijos se mantiene durante años mientras se espera una pericial técnica. Guerrero alerta de que el deterioro emocional derivado de esas demoras puede ser irreversible. El juez insiste, además, en separar claramente las responsabilidades. Lejos de cargar contra los profesionales del Instituto de Medicina Legal, reivindica su trabajo y denuncia las condiciones en las que llevan años desempeñándolo. “El personal no es responsable de esta situación”, sostiene. “Trabajan bajo una presión extrema y realizan una labor de enorme complejidad humana y técnica”. A su juicio, el problema radica exclusivamente en la falta de medios que la Administración ha mantenido durante años pese a conocer la situación.Este juez asegura que en violencia de género las consecuencias son especialmente sensibles, ya que muchos procedimientos requieren evaluaciones psicológicas o sociales para avanzar hacia un juicio. Cuando esos informes tardan meses o años, las víctimas permanecen durante largos periodos sin una respuesta judicial definitiva ni una reparación efectiva. Tras hacer pública la situación, el magistrado asegura haber recibido mensajes de profesionales de otros institutos de medicina legal de distintas comunidades autónomas describiendo problemas similares de saturación y falta de personal.Para quién no sepa de qué va esto, os dejo el origen.Estaremos muy pendientes para garantizar que el Ministerio cumpla.Gracias a la gente y a los medios que nos ayudaron a difundir la situación.Quién pueda hacer, que haga.Gracias, Miguel Guerrero.https://t.co/YyJ9mt2Wpg— iuristóteles (@iuristoteles) May 21, 2026
Un juez denuncia en X el atasco judicial en Badajoz y el Gobierno reacciona fortaleciendo el Instituto de Medicina Legal
El organismo contaba con apenas cuatro especialistas para atender informes de toda la provincia. El resultado era un cuello de botella que afectaba a múltiples procedimientos









