La secuencia es la siguiente: el presidente de EEUU, Donald Trump, denunció al Servicio de Impuestos Internos (IRS; la Hacienda estadounidense) de su propio Gobierno porque un contratista de la agencia, entre 2018 y 2020, filtró información fiscal de Trump a la prensa. Pese a que el informante fue descubierto, procesado y condenado en su día, Trump puso la denuncia el pasado enero y exigió al IRS el pago de 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios. El magnate ha usado este litigio para forzar dos concesiones por parte del Gobierno que él dirige: a cambio de retirar la demanda, se ha creado un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a las personas, tal y como lo planteó la Administración Trump, que supuestamente fueron víctimas del Gobierno de Joe Biden. Entre ellas, los insurrectos condenados por asaltar el Capitolio en 2021. La segunda condición, gestionada por el Departamento de Justicia, es que el IRS ya no tendrá derecho a pedir los datos fiscales de Trump ni de sus hijos previos o pendientes a fecha de 19 de mayo de 2026. En otras palabras: inmunidad fiscal. Así lo plasmó la fiscalía general en el documento de una página: "Los Estados Unidos LIBERA, RENUNCIA, EXONERA y DESCARGA PERMANENTEMENTE a cada uno de los demandantes de —y por la presente queda PERMANENTEMENTE IMPEDIDO y PRECLUIDO de procesar o perseguir— la totalidad de las reclamaciones, contrademandas, causas de acción, apelaciones o solicitudes de cualquier tipo de reparación, incluyendo medidas cautelares, reparaciones pecuniarias, daños y perjuicios, exámenes o revisiones similares o relacionadas, recursos, alivio de deudas, costas, honorarios de abogados, gastos y/o intereses, ya sean conocidos o desconocidos en la actualidad". Hay que destacar que el fiscal general, Todd Blanche, como otros altos cargos del Departamento de Justicia, fue el abogado defensor de Donald Trump en tres de sus juicios previos al retorno a la presidencia. El puesto de jefe del IRS, en línea con el proceso de vaciado y "desinstitucionalización" del Gobierno federal, continúa vacante. Su comisario en funciones es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Una vez más, es posible decir que nunca había sucedido nada igual en la historia de Estados Unidos. Cuando un nuevo presidente jura el cargo, suele dejar sus negocios en manos de un fondo fideicomiso para evitar conflictos de interés. Trump no solo no lo ha hecho, sino que, como detalla este análisis de Foreign Affairs, está usando las numerosas riendas de su cargo para beneficiarse económicamente. "Jamás he escuchado decir al IRS: ‘cualquier cosa que hicieras en el pasado, no la vamos a mirar’. Uno tiene que preguntarse qué hay en esas declaraciones de impuestos que resulte tan importante como para evitar una auditoría", dijo en la PBS John Koskinen, que fue comisario del servicio fiscal entre 2013 y 2017. "Tener esta especie de inmunidad generalizada, por así decirlo, plantea interrogantes". La naturaleza del acuerdo de Trump consigo mismo ha generado oposición en el Congreso; no solamente entre los demócratas. Varios líderes republicanos han criticado la claudicación de las responsabilidades del IRS y el fondo de compensación a los insurrectos. "¿Así que el máximo responsable de la aplicación de la ley del país está pidiendo un fondo discrecional para pagar a quienes agreden a los policías?", declaró Mitch McConnell, que apura su último mandato en la cámara alta. "Absolutamente estúpido, moralmente reprobable. Elijan ustedes". Los críticos conservadores más visibles, sin embargo, son aquellos que están de salida: por edad, como McConnell, o porque han sido señalados por Trump y por tanto ya no pueden aspirar a renovar mandato. Tal es el caso del senador Bill Cassidy, recientemente derrotado en unas primarias pese a haber gastado más dinero que sus dos contrincantes juntos; o del senador Thom Tillis. El futuro del fondo de compensación a los insurrectos ya está en manos de los tribunales. Los querellados son dos de los policías que defendieron el Capitolio aquel 6 de enero. Argumentan que este no es un fondo de compensación, sino un fondo para que los golpistas puedan volver a hacer el trabajo sucio de Trump. "¿Por qué pagarían a personas que atacaron a la policía en el Capitolio de los Estados Unidos, que intentaron detener el traspaso pacífico del poder?", dijo uno de los denunciantes, el agente de policía Daniel Hodges, a NPR. "¿Por qué pagarían a personas que querían asesinar al vicepresidente [Mike Pence]? Ya saben, la lista es interminable. No tiene ningún sentido". Más de 1.500 personas fueron sentenciadas. Hodges añade que él y otros agentes que defendieron el Congreso continúan siendo objeto de amenazas de muerte por parte de la turba trumpista. "Si reciben este pago, dispondrán de importantes recursos financieros, y no tienen reparos éticos al respecto; así que, ¿qué les impediría perpetrar más actos de violencia?". La Oficina de Ética del Gobierno acaba de revelar, por otra parte, que Donald Trump realizó cerca de 3.700 transacciones bursátiles en el primer trimestre de 2026: unas operaciones que le habrían granjeado 750 millones de dólares. Una semana antes de que las tecnológicas Nvidia y Meta anunciasen un acuerdo masivo de infraestructuras, por el que Nvidia proporcionaría los microchips para el desarrollo de IA por parte de Meta, Trump gastó un millón de dólares en acciones de Nvidia. Esta forma de operar recuerda a la teoría que desarrollaron los académicos Alexander Cooley y Daniel Nexon: la idea de que la Administración Trump es una "cleptocracia" donde la prioridad número uno, por encima de las consideraciones de Estado o ideológicas, es robar. "En las cleptocracias, la corrupción y el autoenriquecimiento constituyen, en sí mismos, el motivo primordial", nos decía Cooley para un artículo reciente. Estructuralmente, esto explicaría por qué Trump ha diezmado la administración que dirige y que cuenta con 300.000 funcionarios menos que a principios de 2025; por qué los mecanismos de rendición de cuentas han sido desmantelados; por qué hay 115 embajadas, de un total de 195, que no tienen embajador; por qué la diplomacia está en manos del yerno, Jared Kushner, y de un viejo amigo, Steve Witkoff; o por qué los acuerdos comerciales de EEUU se mezclan con los intereses privados de Trump, de sus hijos o de otras personas cercanas. Un proceso de "desinstitucionalización" que, a esta escala, no tiene precedentes. La secuencia es la siguiente: el presidente de EEUU, Donald Trump, denunció al Servicio de Impuestos Internos (IRS; la Hacienda estadounidense) de su propio Gobierno porque un contratista de la agencia, entre 2018 y 2020, filtró información fiscal de Trump a la prensa. Pese a que el informante fue descubierto, procesado y condenado en su día, Trump puso la denuncia el pasado enero y exigió al IRS el pago de 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios.