Análisis Exclusivo suscriptores El presidente demandó al IRS por filtración de sus impuestos y resolvió el caso con funcionarios que él mismo nombró, sin supervisión judicial. Trump, junto con dos de sus hijos y la The Trump Organization, demandó al IRS por al menos 10.000 millones de dólares. Foto: Internacional20.05.2026 23:01 Actualizado: 20.05.2026 23:01
La administración de Donald Trump enfrenta toda una tormenta política y legal en Washington tras alcanzar un controvertido acuerdo con el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS por su sigla en inglés) que puso fin a una demanda personal del presidente contra el gobierno federal. LEA TAMBIÉN El arreglo le concede al mandatario y a su familia amplias protecciones frente a futuras investigaciones tributarias y crea un fondo de compensación multimillonario que, según críticos, podría convertirse en una caja negra para beneficiar a aliados políticos.Anunciado esta semana y firmado por funcionarios nombrados por el propio Trump, el acuerdo ha sido descrito por los demócratas como un caso de “corrupción descarada”, “robo de fondos públicos” y uno de los episodios de conflicto de interés más graves en la historia moderna de EE. UU.Incluso algunos republicanos expresaron su preocupación y pidieron explicaciones adicionales sobre un pacto sin precedentes.El presidente Donald Trump. Foto:Seth WENIG / POOL / AFP / Archivo EL TIEMPOLa demanda de Trump y sus hijos al IRSEl origen de la disputa se remonta a enero pasado, cuando Trump, junto con dos de sus hijos y la The Trump Organization, demandó al IRS por al menos 10.000 millones de dólares tras la filtración de sus declaraciones tributarias durante su primer mandato presidencial.La demanda sostenía que el IRS no hizo lo suficiente para impedir que un contratista, Charles Littlejohn, robara y entregara a medios como The New York Times y ProPublica información confidencial sobre los impuestos del entonces presidente. Littlejohn se declaró culpable y fue condenado en 2024 a cinco años de prisión.El litigio ya era extraordinariamente polémico desde el comienzo, pues Trump, nuevamente en la Casa Blanca, estaba demandando a una agencia federal que hoy se encuentra bajo su control político y negociando los términos a través de un Departamento de Justicia dirigido por funcionarios que él mismo había designado. LEA TAMBIÉN El caso terminó resolviéndose fuera de las cortes, sin la supervisión de un juez federal y sin que el gobierno siquiera hubiera presentado formalmente una defensa en tribunales. En esencia, según expertos en derecho, fue una negociación entre el presidente y sus propios subordinados.“Es como si alguien se demandara a sí mismo y luego llegara a un arreglo que pagamos el resto de nosotros”, dijo el senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, quien afirmó no ver “ningún precedente legal” para una decisión de esta naturaleza.¿Qué establece el acuerdo de Trump para blindarse por investigaciones tributarias?El corazón del acuerdo establece la creación de un fondo de US$ 1.800 millones destinado a compensar a personas que aleguen haber sido víctimas de investigaciones o procesos judiciales impulsados por “razones personales, políticas o ideológicas”.Según los documentos divulgados por el gobierno, los solicitantes podrán pedir dinero si demuestran que fueron perseguidos por el gobierno federal debido a sus creencias políticas.Símbolo del Departamentos de Justicia de EE.UU. Foto:AFPLa administración insiste en que Trump y su familia no podrán recibir pagos directos de ese fondo. Sin embargo, el diseño del propio mecanismo encendió las alarmas en el Congreso.Los pagos serán decididos por una comisión de cinco personas, cuyos miembros serán escogidos en su mayoría por el propio Departamento de Justicia de Trump. Además, el acuerdo establece criterios amplios y poco precisos para determinar quién puede recibir dinero y prevé que los beneficiarios permanezcan en confidencialidad.Los administradores solo deberán entregar reportes trimestrales “confidenciales” al fiscal general.Otro detalle que llamó particularmente la atención es que el fondo dejará de procesar solicitudes el 1.° de diciembre de 2028, un mes y medio antes de que concluya el mandato presidencial de Trump.Críticos aseguran que eso busca impedir que una futura administración demócrata revise o controle los desembolsos pendientes. LEA TAMBIÉN Las críticas demócratas al acuerdo de Trump“Esto es corrupción como nunca antes se había visto. Lo que está ocurriendo es que se escribe el cheque, Trump y sus amigos lo cobran y los contribuyentes estadounidenses pagan la cuenta”, dijo la senadora Patty Murray, principal demócrata en el Comité de Apropiaciones.Durante una audiencia en la Cámara Alta este martes, el senador Chris Van Hollen acusó directamente al fiscal general interino Todd Blanche de actuar más como abogado personal de Trump que como guardián independiente del interés público.Blanche respondió insistiendo en que el fondo busca compensar a ciudadanos supuestamente afectados por la “instrumentalización política” del sistema judicial durante la administración Biden.Incluso llegó a mencionar que personas condenadas o investigadas podrían acceder al fondo, según cada caso.El vicepresidente JD Vance también salió públicamente a respaldar el acuerdo y sugirió que algunos de los beneficiarios podrían ser figuras vinculadas a investigaciones relacionadas con las elecciones de 2020.JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Foto: EFEIRS no podrá auditar al presidente Trump y su entornoPero quizá el aspecto más explosivo del arreglo apareció en un documento adicional de una sola página publicado discretamente por el Departamento de Justicia.Ese anexo establece que el gobierno federal quedará “permanentemente impedido y excluido” de perseguir o procesar reclamaciones tributarias pendientes contra Trump, sus familiares y sus empresas relacionadas con periodos previos al acuerdo.En otras palabras, el IRS quedaría imposibilitado de continuar auditorías o disputas fiscales existentes contra el presidente y su entorno.La cláusula podría tener enormes implicaciones financieras.En 2024, The New York Times reportó que Trump enfrentaba una auditoría del IRS cuya eventual derrota podría costarle más de 100 millones de dólares. LEA TAMBIÉN Hasta ahora no está claro si esas investigaciones siguen abiertas ni cuántos procesos tributarios permanecen activos. Pero el acuerdo abre la puerta a que todos queden permanentemente neutralizados.Funcionarios del gobierno defendieron la disposición alegando que este tipo de liberaciones mutuas son “habituales” en acuerdos judiciales. Sin embargo, expertos en derecho tributario afirman que la cláusula va mucho más allá de lo normal.“El IRS tendría que actuar para hacer efectiva esa liberación, lo que plantea preguntas adicionales sobre posible interferencia política ilegal en el proceso de auditoría”, dijo Brandon DeBot, asesor del Centro de Derecho Tributario de la New York University.Para DeBot, el acuerdo representa “un abuso impresionante del sistema tributario y legal”.Donald J. Trump (izq.) y su esposa Melania Trump (der.). Foto:EFE¿Hasta dónde llegan los límites presidenciales?La controversia también alcanzó al Departamento del Tesoro. Brian Morrissey, el principal abogado de esa entidad, renunció el mismo día en que se anunció el arreglo. Aunque no explicó públicamente sus razones, la salida alimentó las sospechas en Washington.El acuerdo, además, revive el debate sobre los límites del poder presidencial respecto de agencias supuestamente independientes como el IRS.La ley federal prohíbe que el presidente o altos funcionarios ordenen abrir o cerrar auditorías específicas. Sin embargo, la administración parece apoyarse en una excepción relativa al rol del fiscal general.Aun así, expertos sostienen que el pacto probablemente terminará siendo impugnado en las cortes. De hecho, varios legisladores ya anunciaron investigaciones y posibles acciones judiciales para bloquear tanto el fondo multimillonario como las exenciones tributarias otorgadas a Trump.La dimensión política del caso tampoco pasa desapercibida. LEA TAMBIÉN El acuerdo llega en un momento en que Trump ha intensificado su narrativa de persecución política y utiliza cada vez más el aparato del gobierno federal para avanzar en agendas de revancha contra adversarios, fiscales e investigadores que participaron en procesos en su contra.El propio Blanche, quien firmó el documento, fue antes abogado personal de Trump en varios de los casos que ahora quedaron cubiertos por el acuerdo, incluido el de la investigación por documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago.Eso llevó a los demócratas a cuestionar por qué nunca se recusó en las negociaciones del caso del presidente. Para muchos críticos, el episodio representa un abandono casi total de la frontera entre los intereses privados del presidente y el funcionamiento del Estado.Y aunque la Casa Blanca insiste en que todo es legal y transparente, en Washington crece la percepción de que el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos éticos y constitucionales del segundo mandato de Trump.SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO – Washington@sergom68 Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
