Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, firmó un acuerdo este martes en el que se declara que el gobierno federal no buscará ningún tipo de auditoría ni pago por parte del presidente, sus familiares y empresas como parte del acuerdo de conciliación de Donald Trump con el IRS, por el que el presidente retiró su demanda por 10.000 millones contra la agencia tributaria equivalente o Hacienda.En una amplia adenda de una página al acuerdo de conciliación del lunes, que establece un fondo “contra la instrumentalización” de casi 1.800 millones de dólares, Blanche rubricó el acuerdo de que Estados Unidos queda “permanentemente impedido y excluido procesar o perseguir cualquier tipo de reclamación”, incluida cualquier “compensación monetaria”, que “haya sido o pudiera haber sido” presentada por el IRS contra Trump, su familia o sus empresas.Esto supone una amnistía fiscal total, algo tan inédito como ese fondo de compensación al que se pueden acoger, entre otros, todos aquellos que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, y agredieron a policías, en el intento de subvertir el resultado electoral de noviembre del 2020, cuando Joe Biden derrotó a Trump.La adenda llega un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) anunciara que Trump y sus co-demandantes retirarían su demanda de 10.000 millones de dólares contra el IRS en relación con el registro de 2022 en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, y el escándalo de la colusión rusa, “a cambio” de la creación del fondo, el cual, según el DOJ, establecía un “proceso sistemático para escuchar y reparar las reclamaciones de otras personas que sufrieron instrumentalización y guerra legal”.Esta decisión impide que EE.UU. solicite daños y perjuicios que podrían haber sido reclamados contra los demandantes (Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y su empresa), así como contra otros miembros de la familia y sus compañías, en “cualquier asunto actualmente pendiente o que pudiera estar pendiente (incluidas declaraciones de impuestos presentadas antes de la fecha de entrada en vigor) ante los demandados (IRS) u otras agencias o departamentos”.La “fecha de entrada en vigor” se estableció en el 18 de mayo, jornada en que se firmó el acuerdo. La adenda no especifica a qué otras agencias o departamentos se refiere.El legislador demócrata Richard Neal, principal demócrata en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, sostuvo en un comunicado que Trump ha “convertido al gobierno federal en su propia red de protección”.“Este acuerdo es corrupción a la vista de todos. Obligar al IRS a abandonar todas las auditorías, pasadas y presentes, sobre Trump, su familia y sus empresas, mientras se canalizan 1.800 millones de dólares de dinero de los contribuyentes hacia sus amigos, compinches y empresas afiliadas a Trump es el autoenriquecimiento en su forma más grotesca”, matizó el comunicado. “Es un día muy, muy oscuro para nuestra democracia”, añadió.Esta protección frente a una auditoría resultará bastante lucrativa para Trump. En el 2024, The New York Times informó que una pérdida en una auditoría del IRS podría costarle al presidente más de 100 millones de dólares.