La Procuraduría General de la Nación lanzó nuevas alertas sobre la situación financiera y operativa de Aire-e, la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en parte de la región Caribe, tras considerar que la intervención administrativa adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) no ha mostrado avances estructurales para garantizar la viabilidad de la compañía.Asociación de energías renovables señala que Colombia podría ahorrarse hasta 7 billones de pesos en tarifas eléctricasLuego de 19 meses bajo control estatal, el ente requirió explicaciones tanto a la SSPD como a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, sobre los resultados alcanzados durante el proceso y las decisiones adoptadas frente a la crisis empresarial de la electrificadora.Uno de los principales puntos de preocupación señalados por la Procuraduría es la ausencia de estados financieros plenamente verificados y la falta de publicación de auditorías correspondientes al periodo de intervención, situación que genera dudas sobre la trazabilidad financiera y administrativa de la empresa.El Ministerio Público también advirtió sobre el crecimiento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales que se han conocido públicamente durante los últimos meses, elementos que, según el organismo, aumentan la incertidumbre alrededor del futuro de la compañía y de la prestación del servicio de energía en la región Caribe.A esto se suma la alta rotación de interventores. Según la Procuraduría, Air-e ya ha tenido cinco agentes interventores durante el proceso, situación que, a juicio del ente de control, afecta la continuidad técnica, administrativa y documental de las decisiones tomadas sobre la empresa.Subasta de energía sigue causando polémica. Gremio CCEnergía se pronunciaLa entidad solicitó además que la Superintendencia entregue una hoja de ruta actualizada para definir el futuro de Air-e y explique cuáles han sido los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones que han pasado por la intervención.El ente de control alertó por la falta de estados financieros auditados. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANAEn paralelo, la Procuraduría pidió a la empresa entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación detallada de contratos superiores a $ 500 millones y un plan estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado eléctrico.Air-e presta el servicio de energía a millones de usuarios en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, zonas que históricamente han enfrentado problemas relacionados con calidad del servicio, pérdidas técnicas y financieras, altos niveles de cartera y dificultades operativas.MinMinas advierte “riesgo inminente” para la prestación del servicio de energía eléctricaLa situación también revive el debate sobre la capacidad del Estado para estabilizar empresas de servicios públicos intervenidas y garantizar sostenibilidad financiera sin afectar la continuidad del servicio para los usuarios.Sin embargo, casi dos años después, la Procuraduría considera que aún no existen resultados estructurales que permitan garantizar la viabilidad financiera y operativa de la compañía.