Noticia Exclusivo suscriptores Los actuales apagones en Galapa exponen la vulnerabilidad del servicio eléctrico en el Atlántico ante la falta de inversiones estructurales.Instalaciones de Air-e en la región Caribe, compañía que cumple 20 meses bajo la intervención de la Superservicios. Foto: CortesíaPERIODISTA25.05.2026 17:55 Actualizado: 25.05.2026 17:55
Apagones prolongados en el municipio de Galapa, bloqueos de carreteras por protestas civiles ante las fallas del servicio, demandas legales interpuestas por generadoras como Termocandelaria debido al impago de energía, y una afectación directa en los resultados financieros de gigantes estatales de la energía como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)—que ve mermados sus ingresos por la falta de pago en los peajes de las líneas de transmisión nacional—tienen un elemento en común: el deterioro continuo de la empresa Air-e desde que su administración pasó a manos del Gobierno Nacional.La Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento formal a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, para exigir explicaciones urgentes sobre los escasos resultados de una gestión que, tras 20 meses de control administrativo, acumula un pasivo de 3,9 billones de pesos, un déficit operativo mensual de 60.000 millones de pesos y carece de estados financieros auditados.Peñaranda era la quinta interventora y hace 11 días también fue reemplazada por Jaime Mesa Buitrago, quien asumió el cargo en 20 meses de control estatal.Tras la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el 12 de septiembre de 2024, el Gobierno Nacional designó como primer agente interventor a Carlos Diago, luego llegó Edwin Palma, más tarde fue nombrada Diana Bustamante. En junio de 2025 asumió Nelson Javier Vásquez Torres, pero su salida se concretó en enero de 2026, tras la aceptación de su renuncia, Tania Patricia Peñaranda Zuleta fue designada de manera temporal. LEA TAMBIÉN Del cumplimiento al estrangulamiento de cajaLa situación previa a la toma de posesión estatal mostraba un panorama operativo diferente. Desde que arrancó su operación en octubre de 2020 tras la división de la extinta Electricaribe, Air-e registró el mejor resultado del país en los indicadores de calidad del servicio SAIDI (duración promedio de los cortes) y SAIFI (frecuencia promedio de las interrupciones) según los balances de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). Estos registros técnicos demostraban que la empresa privada había alcanzado con seis años de anticipación las metas de calidad regulatorias que el Gobierno Nacional fijó para el año 2030. Asimismo, tras haber asumido el mercado de la región Caribe con pérdidas operativas que rondaban los 60.000 millones de pesos mensuales al momento de la adquisición, la administración privada ejecutó un plan de inversiones de capital estructurado financiado por el Consorcio Energía de la Costa que revirtió la tendencia y consolidó un Ebitda positivo al cierre de su segundo año de ejercicio.El punto de quiebre de la compañía no obedeció a una inviabilidad estructural del negocio, sino a un agudo estrangulamiento de su flujo de caja derivado de factores regulatorios y de cartera.A mediados de 2024, el incremento extraordinario y sostenido de los precios de la energía en la bolsa mayorista superó la capacidad de pago de la empresa, que se vio imposibilitada para indexar los altos costos de generación debido al congelamiento prolongado de la opción tarifaria y al impago por parte del Estado de 253.000 millones de pesos en subsidios eléctricos. Para agosto de ese año, la cartera total por cobrar de la firma escalaba a 5,3 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones correspondían a obligaciones directas del propio Estado colombiano, mientras que sus cuentas por pagar vencidas a proveedores sumaban 411.000 millones de pesos. Al constatar que las cuentas por cobrar superaban doce veces a las deudas vigentes, pero ante la asfixia financiera inmediata provocada por los precios en bolsa, Air-e solicitó formalmente ser intervenida por el Ejecutivo.La tarifa de energía de Air-e. Foto:Air-eEn septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asumió el control administrativo total de Air-e, argumentando la necesidad de mitigar los riesgos en la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Al momento de la toma de posesión, las deudas acumuladas por la empresa con las compañías generadoras en el mercado mayorista se ubicaban en 500.000 millones de pesos. Sin embargo, al cabo de dos meses, la administración de la intervención cesó de manera definitiva la entrega de los informes financieros obligatorios y balances contables periódicos que por ley debía reportar a la Superintendencia y al mercado, interrumpiendo la trazabilidad técnica del proceso.Esta falta de transparencia contable encendió las alarmas de las autoridades de control en el mediano plazo. En mayo de 2025, al cumplirse el noveno mes de la medida de toma de posesión, la Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia pública tras constatar que la Superintendencia carecía de un plan estructurado, técnico o definitivo para la reorganización o la eventual liquidación de la compañía. Un mes después, en junio de 2025, gremios como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) cuestionaron formalmente ante el Ministerio de Minas y Energía la ausencia de soluciones efectivas para estabilizar el sistema y alertaron sobre el incremento sostenido de las deudas remanentes con las plantas de generación.Las plantas térmicas son el respaldo del sistema. Foto:Cortesía CelsiaEscalada judicial y riesgo de racionamiento sistémicoEl deterioro del proceso de intervención entró en una fase de confrontación institucional y judicial a inicios de este año. En enero de 2026, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien además fue el segundo interventor y permaneció cerca de cuatro meses en el cargo, afirmó públicamente que si la determinación estuviera exclusivamente en sus manos, procedería de manera inmediata a decretar la liquidación formal de Air-e. Para esa fecha, las deudas acumuladas de la empresa con los generadores térmicos e hidráulicos ya habían escalado desde los 500.000 millones de pesos iniciales hasta alcanzar los 1,5 billones de pesos, equivalentes a un mes completo de generación a máxima capacidad del parque térmico nacional.Ante el anuncio del funcionario, los propietarios originales de la compañía, a través de su apoderado legal, el abogado Jaime Lombana, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El jurista advirtió que la figura de la liquidación propuesta por Palma lo que buscaría en el fondo es encubrir malos manejos administrativos ocurridos durante la intervención estatal.Lombana detalló que las autoridades investigan presuntos hechos de corrupción que involucran sobrecostos del 50 por ciento en la compra de transformadores a través de firmas creadas por familiares del jefe de compras de la intervención, así como un desembolso de 200.000 millones de pesos a la firma Interaseo por una obligación que se encontraba en pleno litigio judicial.fenómeno de El Niño Foto:fenómeno de El NiñoEl cierre de mayo de 2026 expone las consecuencias operativas y sociales de la crisis en los departamentos del norte del país. En el municipio de Galapa, Atlántico, sus 38.000 habitantes y su zona industrial registran suspensiones del fluido eléctrico de hasta 15 horas continuas debido a averías en la subestación Cordialidad y a la falta de fortalecimiento estructural de las redes.Esta situación detonó una serie de protestas civiles y bloqueos intermitentes con barricadas y llantas encendidas en la vía Cordialidad, una de las principales arterias de transporte de carga de la región. Los manifestantes, entre los que se encuentran pequeños comerciantes afectados por la pérdida de inventarios refrigerados y la interrupción de sus ventas, exigen soluciones a las fluctuaciones de voltaje que destruyen electrodomésticos, así como la mitigación de los riesgos de seguridad derivados del apagado del alumbrado público nocturno. El alcalde de la localidad, Fabián Borrero, desestimó los argumentos de la compañía intervenida, que atribuye los cortes únicamente a la ola de calor: “Ellos dicen que es por las altas temperaturas, pero aquí hay un problema técnico y estructural. Galapa creció industrialmente, llegaron zonas francas y nuevos proyectos, pero el sistema eléctrico no fue fortalecido”.Mientras la demanda diaria del mercado nacional registra un máximo histórico de 258,69 gigavatios-hora y la firma XM proyecta un déficit de oferta de energía en firme del 2,3% para este año, la alta rotación de cinco interventores en 19 meses y un pasivo acumulado de 3,9 billones de pesos mantienen bajo máxima presión la estabilidad del suministro eléctrico en la región Caribe. LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
