La Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos decidir si Antonio Maestu, el profesor del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte (Madrid) detenido por grabar a sus alumnas, va a juicio. El caso estalló en 2022 cuando el profesor fue detenido después de que la Guardia Civil lo identificara como el autor de vídeos de alumnas semidesnudas e interviniera en su domicilio más material. El auto de procesamiento de la instructora deja fuera de la responsabilidad penal al centro docente, del que el acusado era propietario junto a sus hermanos.La investigación comenzó el 19 de junio de 2022, cuando una mujer encontró una cámara perdida en la calle, cerca de la casa del acusado. La viandante la llevó a la Guardia Civil que, al analizar el contenido, descubrió cómo el hombre colocaba la cámara en una estancia, y a continuación un grupo de estudiantes entraba a cambiarse sin tener ni idea de que estaban siendo grabadas. Los investigadores registraron después su domicilio e intervinieron varios dispositivos que contenían más material pedófilo, aunque muchos otros habían sido taladrados. El caso sacudió a la comunidad educativa de este centro privado de más de mil alumnos situado en una de las zonas con más renta económica de España.La instrucción finalizó en julio de 2025, tres años después de la operación policial, y la causa no está ni mucho menos cerca de su conclusión. El 14 de ese mes, la instructora dictó el auto de procesamiento, es decir, dio por acabada la práctica de pruebas, y concluyó que existen suficientes indicios de los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, y también de abusos sexuales sobre menores de 13 años. Dentro de estas acusaciones, se encuentran la de producción y tenencia de pornografía infantil y un delito contra la intimidad. La investigación apunta a que el hombre llevaba grabando a niñas más de 17 años.Durante estos meses, se ha sucedido toda una cascada de recursos por parte de acusaciones y defensa y también del Ministerio Fiscal, que ha dilatado el proceso todavía más. La defensa apeló la decisión de la instrucción de proceder a la celebración de un juicio. El Ministerio Público solicitó, entre otros asuntos, que se incluyera entre los antecedentes del hecho a juzgar unos tocamientos a unas alumnas y también pidió que se practicaran nuevas diligencias. Una vez navegada toda esta marea de recursos y apelaciones, con una justicia saturada, el expediente está ya en la mesa de la sección séptima de la Audiencia Provincial, que deberá examinar el caso y decidir si el profesor investigado va a juicio porque existen suficientes indicios de delito. Lo que está claro es que el colegio queda, por ahora, eximido de la responsabilidad penal de los hechos y que, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria, será el propio acusado el que tendrá que hacer frente con su patrimonio. La Audiencia aún tardará varias semanas en pronunciarse sobre si Maestu debe sentarse frente a un tribunal para ser juzgado.