El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que encabeza Óscar Puente, ha dado el primer paso para personarse en la causa en la que se investiga el siniestro del 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y 123 resultaron heridas. La Abogacía del Estado ha presentado en su nombre un escrito en el juzgado de la localidad de Montoro en el que se instruye el caso para que se le admita como “actor civil”. Con esta figura, el departamento de Puente no sería parte de la investigación en la que se dilucidan las supuestas responsabilidades penales por el trágico accidente, sino únicamente en la correspondiente al pago de indemnizaciones a las víctimas. De este modo, si finalmente hay una sentencia que fija una cantidad económica para las mismas, el Estado podría recuperar el dinero que hubiera adelantado a estas en concepto de ayudas.En su escrito, la Abogacía del Estado hace referencia al real decreto del pasado 27 de enero que fijó las prestaciones económicas para las víctimas tanto del accidente de Adamuz como del de Gélida (Barcelona), en el que murió un maquinista de Rodalíes, la red de cercanías de Cataluña, y otras 41 personas resultaron heridas. Este decreto fijó que las familias de las víctimas mortales recibirán hasta 216.000 euros, mientras que las ayudas a los heridos oscilarán entre los 4.800 y los 168.000 euros, incluyéndose pagos a fondo perdido y anticipos con cargo a la liquidación de los seguros de responsabilidad civil y obligatorio. El escrito de la Abogacía cita, en concreto, la disposición primera del decreto, en el que se faculta al Estado a recuperar las ayudas que hubiera entregado a los afectados en ambos siniestros en concepto de anticipo de la futura indemnización por responsabilidad civil que fijasen las sentencias. La personación en la causa del Ministerio de Transportes, a través de la Abogacía del Estado y en calidad de actor civil, no solo permitiría a la Administración la subrogación a los derechos de crédito que deriven de esas indemnizaciones, sino que daría al departamento que lidera Puente acceso directo al conjunto de diligencias que se practican. Entre ellos, los informes que trasladan tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a la jueza instructora, Cristina Pastor, y de cuyo contenido hasta ahora se enteraba por la prensa.Puente se ha involucrado desde el primer minuto en la gestión de la que es la mayor crisis sufrida en la alta velocidad ferroviaria tras la liberalización del transporte de viajeros en el año 2020. De su ministerio depende el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable de la línea Madrid-Sevilla en que tuvo lugar el siniestro de Adamuz. También salieron de Adif las licitaciones de los trabajos de remodelación de ese eje de alta velocidad, bajo supervisión de la ingeniería pública Ineco, y la compañía es última responsable de las labores de mantenimiento. Una rotura en el carril o en la soldadura de vía en el kilómetro 318,681 centra todas las sospechas sobre la causa del descarrilamiento de un tren de Iryo ese domingo de enero, a las 19.43 horas, ocasionando la inmediata colisión de un tren Alvia de Renfe que viajaba en sentido contrario. La operadora pública es otra de las empresas del ámbito del ministerio involucrada en el suceso. Su presidente, Álvaro Fernández Heredia, presentó a Renfe como otra víctima de la tragedia, en una reciente comparecencia en el Senado, al no poder evitar su maquinista el fatal desenlace.Del esperado análisis del carril fracturado se esperan conclusiones que hasta ahora no han podido esclarecerse, entre ellas si el fallo en la infraestructura se debió a un defecto de producción de un carril fabricado por ArcelorMittal y que databa del año 2023, o si el problema se localiza en el proceso de la soldadura aluminotérmica que realizó la empresa Maquisaba y que supervisaron las ingenierías Redalsa y Ayesa.A lo largo de estos meses, el ministerio ha tenido que defenderse de acusaciones de mala praxis en la realización de las obras de renovación de la línea Madrid-Sevilla, la primera en abrirse al tráfico, en abril de 1992, en el mapa de la alta velocidad ferroviaria. También ha despejado acusaciones sobre la falta de sistemas para advertir de una fractura en la vía que pudo producirse hasta 22 horas antes del siniestro. El caso de Adamuz, también el accidente en la línea 4 de Rodalíes que el 20 de enero causó la muerte de un maquinista, ha sido situado en el centro de la batalla política. Ambos han provocado una crisis de confianza entre los usuarios del tren y los propios maquinistas, que Transportes intentó atajar en febrero con el compromiso de aumentar las partidas dedicadas a mantenimiento y con un plan de actuaciones de emergencia en la red de Rodalíes de Cataluña.