El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves el pedido para frenar la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Lo hizo horas después de que Reuters revelara que el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y aliado de Donald Trump, había enviado una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una "influencia maligna china" en la puja por el contrato. Esa misma semana, el asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, Michael Jensen—director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional— y con el embajador argentino Alec Oxenford. La licitación más grande del Gobierno de Milei se convirtió en un asunto de política exterior. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía navegable de exportación de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por allí transita el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y sus derivados por año. El contrato que se está licitando contempla el dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal por 25 años, con inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares y una facturación anual de entre 200 y 300 millones. Jan De Nul, la empresa belga que opera el canal desde 1995, compite contra DEME —también belga—, que incorporó al fondo estadounidense KKR, a Great Lakes Dredge & Dock y a Clear Street para fortalecer su oferta con capital norteamericano. El Gobierno excluyó de la licitación a empresas estatales extranjeras, lo que dejó afuera a las chinas. Eso, sin embargo, no cerró la discusión sobre la influencia del país asiático.