El 22 de mayo, Argentina abrió el tercer y último sobre de la licitación más importante del gobierno de Javier Milei: la concesión por 25 años del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con cerca de diez mil millones de dólares en inversiones en juego y dos oferentes en carrera. El proceso licitatorio terminó transformándose en un tablero geopolítico donde converge algo más amplio: el peso del factor China en una disputa que mezcla intereses corporativos y lobby en Washington para influir en la decisión del gobierno argentino sobre quién operará controlará la principal arteria logística del Cono Sur durante los próximos veinticinco años. En los días previos a la apertura, una secuencia de cartas, reuniones diplomáticas y movimientos empresariales dejó al descubierto la presión de sectores estadounidenses con llegada a la Casa Blanca que involucró a los dos consorcios internacionales que llegaron a la recta final de la licitación, en un clima atravesado por acusaciones cruzadas y el argumento de la llamada “influencia maligna” del gigante asiático.
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