"La trama de Zapatero intentó meterse en las obras de la Línea 11 de Metro y fue la Comunidad de Madrid quien les paró los pies. ¿Cuántas más habrá como esta?". Con esta respuesta, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, echó en cara al PSOE la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra.PublicidadAprovechando su réplica a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, la dirigente del PP trató de sacar partido a este asunto, que ha supuesto un duro golpe para el PSOE, el Gobierno y, en definitiva, el espectro progresista. Y, de paso, sacar pecho de su actuación. Para ello, Ayuso hizo alusión a una noticia sobre el freno en la contratación de una de las empresas del Grupo Aldesa, el conglomerado de capital chino que está en el punto de mira del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En concreto, la información publicada en Economía Digital hacía alusión al reciente veto por parte de la Mesa de Contratación para un contrato millonario de la Línea 11 de Metro de Madrid a una UTE formada por Cox, la empresa liderada por el candidato a presidir el Real Madrid, Enrique Riquelme, junto a Aldesa, la matriz de la constructora china, y Acisa, una filial del grupo asiático.Pero a Ayuso le falló la memoria. Y es que, al menos en una ocasión, la Comunidad de Madrid no "paró los pies" a la trama. Según ha podido comprobar Público, el Gobierno autonómico adjudicó uno de los lotes de las obras de la Línea 1 de Metro de Madrid a una UTE formada por Aldesa Construcciones SA, Coalvi (otra filial del Grupo Aldesa) y Extraco, una empresa constructora de Ourense. Se bautizó como UTE Valdecarros.El anuncio de la licitación, dividida en dos lotes, fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 10 de febrero de 2023. Inicialmente, el importe adjudicado a esta Unión Temporal de Empresas se estableció en 15,75 millones euros con IVA para la "renovación integral de la superestructura de vía en Línea 1" del Metro, correspondiente al tramo Atocha-Valdecarros.PublicidadSin embargo, no fue ese el precio final que pagó la Comunidad de Madrid. El contrato con la UTE Valdecarros sufrió dos modificaciones posteriores, que elevaron el coste para la Comunidad de Madrid de los 15,75 millones de euros iniciales a 19 millones. Las obras también sufrieron retrasos: deberían haberse concluido en febrero de 2024 pero, tras acordar tres ampliaciones de plazo, se terminaron el 31 de octubre de ese año, ocho meses después. Aunque las sucesivas prórrogas no fueron imputables a la empresa, según consta en los documentos publicados en la Plataforma de la Contratación de Madrid y consultados por Público. El concurso lo ganó la UTE Valdecarros en competencia con otras dos uniones de empresas: una formada por Contratas y Ventas SA y Comsa SAU, y otra por Seranco SA y DSV Empresa Constructora y Ferroviaria SA. En la UTE ganadora, el 35% correspondía a Aldesa Construcciones SA, el 30% a su filial Coalvi y el 35% restante a la ourensana Extraco. Por lo que el 65% del precio del contrato se lo llevó el Grupo Aldesa.El Grupo Aldesa dio entrada en su accionariado al capital chino en 2020. Entonces, China Railway Construction, una de las mayores constructoras del mundo, propiedad del Gobierno de Pekín, adquirió el 75% de las acciones de la española, cuando atravesaba serios problemas económicos. Entonces se publicó que los chinos habían pagado entre 250 y 300 millones por esa participación en el capital de Aldesa. El grupo factura unos 700 millones de euros y tiene una cartera de 2.100 millones, según publica en su página web, pero cerró el ejercicio de 2024 con unas pérdidas de 198 millones, según publicó en su día El Confidencial.PublicidadLa versión del Gobierno AyusoDesde la Consejería de Transportes explican a este medio que el contrato adjudicado en 2023 "no tiene nada que ver" con el relativo a la Línea 11 de Metro, cuya propuesta económica fue calificada como "baja temeraria". "Se les requirió justificación y no lo hicieron jamás", agregan. Esto es, no se frenó por el hecho de tratarse de una empresa vinculada a la trama, como pretendió dibujar Ayuso en la Asamblea de Madrid.En este sentido, defienden la adjudicación ejecutada hace tres años a la UTE en la que participaba el Grupo Aldesa. "En ningún momento, la oferta adjudicataria fue considerada incursа en presunción de anormalidad o baja temeraria, al no superar los umbrales previstos en la legislación y en los pliegos de la licitación. La adjudicación se produjo con plena normalidad administrativa y técnica", subraya un portavoz.El Grupo Aldesa pagó 133.000 euros a Análisis RelevanteEl Grupo Aldesa aparece hasta en 21 ocasiones en el auto del juez de la Audiencia Nacional dado a conocer el pasado martes, que sitúa a Zapatero al frente de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".El grupo asiático figura entre los clientes de Análisis Relevante, la empresa del "lugarteniente" Julio Martínez. A tenor de lo expuesto por el juez, esta empresa emerge en la investigación como una "pieza instrumental" dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades -principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva-, hacia personas del entorno de la red organizada, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav, la empresa administrada por las hijas de este (aunque ellas no figuran como investigadas).En lo relativo al Grupo Aldesa, el juez subraya que realizó pagos a Análisis Relevante por un total de 133.100 euros, mientras que en las cuentas de Análisis Relevante se identifican abonos procedentes de este grupo por importe de 127.050 euros. En cuanto a la justificación de estos pagos, Análisis Relevante y Grupo Aldesa, representada entonces por Alejandro Fernández Ruiz, suscribieron en octubre de 2021 un contrato de asesoramiento similar al de los servicios que Análisis Relevante prestaba a la mayoría de sus clientes, fijándose unos honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2022, ambas partes firmaron un nuevo contrato que actualizaba el anterior. Los investigadores han localizado facturas correspondientes al período comprendido entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, todas ellas por importe de 6.050 euros (5.000 euros más IVA). "En uno de los ordenadores de Julio Martínez Martínez se ha localizado un archivo Excel titulado 'resumen contratos 08092025' en el que, dentro de la pestaña denominada 'Análisis Relevante- Grupo Aldesa -en vigor', figuran las facturas cobradas a Grupo Aldesa, todas ellas vinculadas a un contrato fechado el 01. 10. 2022", agrega la resolución.Al margen de la relación mercantil entre Grupo Aldesa y Análisis Relevante, el juez advierte de la intervención de varios contratos entre el grupo chino e Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez y que, según el auto, desempeña un papel "central" en la estructura analizada, actuando como "eje societario" desde el cual se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos derivados del contrato suscrito con la aerolínea Plus Ultra. PublicidadEn particular, consta un contrato de octubre de 2021 para la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación, con una contraprestación del 3% sobre el valor del contrato. En el marco de este compromiso, se documenta "una oportunidad de negocio" relativa al proyecto Hard Rock en Tarragona por 2.000 millones de euros.Posteriormente, se firmaron dos adendas. La primera fijó la retribución entre el 1% y el 3%, mientras que la segunda la estableció definitivamente en el 3%. En este contexto, el auto recoge un mensaje de Cristóbal Cano, secretario de Julio Martínez, en el que solicita, "por indicación" de su jefe, que se eliminara del borrador del contrato entre Idella Consulenza Strategica y Aldesa la palabra "comisión"."La instrucción expresa de eliminar la palabra 'comisión', unida al análisis conjunto de la documentación intervenida, permite inferir que este tipo de operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesora miento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones", expone el juez.PublicidadNo obstante, el auto subraya que, a tenor de la información proporcionada por la ONIF, "no consta que se haya realizado ningún pago proveniente de Grupo Aldesa a Idella, por lo que los contratos descritos no habrían sido materializados".