La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desatado un nuevo shock en los precios internacionales del petróleo, con la cotización del Brent saltando de 70 dólares por barril en febrero a cerca de 110 en marzo. Pero esta vez el shock llega en circunstancias radicalmente distintas a las de episodios anteriores.Por primera vez en décadas, el país es exportador neto de hidrocarburos. La transformación impulsada por Vaca Muerta ha colocado a la Argentina en una posición inédita. Sin embargo, tal como analizamos en un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, el país carece de los mecanismos institucionales para administrar la riqueza que genera esta nueva condición.La volatilidad de los precios del petróleo es un problema bien conocido. Los shocks externos de alta intensidad afectan rápidamente al resto de la estructura económica a través de múltiples canales: impactan el sistema fiscal por las variaciones en retenciones y regalías, presionan sobre el tipo de cambio por el ingreso de divisas e inciden sobre los precios domésticos de combustibles y la cadena logística completa. En contextos de estabilización inflacionaria frágil, como el actual, ese último canal es el de mayor sensibilidad política.Desde la teoría, el consenso es relativamente claro: los fondos de estabilización ayudan a amortiguar estos impactos. El modelo de referencia es el de Noruega, donde desde 1990 se capturan los excedentes petroleros en un fondo soberano que hoy equivale a 3,3 veces el PBI del país.Noruega pudo adoptar esta solución porque disponía de condiciones institucionales que Argentina perdió progresivamente. La privatización de YPF en 1993 eliminó el canal más directo de captura de renta. La reforma constitucional de 1994 transfirió la soberanía sobre los recursos naturales a las provincias, fragmentando la capacidad de ejecutar una política nacional coherente. Los contratos de estabilidad fiscal de los ‘90 consolidaron la tributación del sector y el RIGI renovó ese blindaje. El resultado es que Argentina no tiene hoy los instrumentos que la teoría recomienda.¿Cuál es la situación actual? Las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos operan como amortiguador en condiciones normales, pero exhiben limitaciones críticas bajo shocks severos. La alícuota máxima vigente es del 8%, insuficiente ante saltos abruptos del precio internacional. Modificarla requeriría intervención legislativa con tiempos incompatibles con la velocidad de los mercados.En la actual coyuntura, YPF ejerció un papel contracíclico, fijando precios en surtidores por debajo de la paridad internacional. Pero esa capacidad de absorción, recientemente renovada por 45 dias, es transitoria; la empresa tiene accionistas privados y obligaciones de deuda que limitan estructuralmente su margen de maniobra.Otros países han encontrado salidas, aunque no siempre ordenadas. Brasil aplicó durante años una Política de Paridad de Importación hasta que el shock de Ucrania la tornó insostenible y terminó recortando impuestos y otorgando subsidios de urgencia.Chile cuenta con el Fondo de Estabilización Económica y Social, alimentado por los excedentes del cobre. España acaba de aprobar un paquete de USD 5.500 millones, de alto costo fiscal, que incluye la reducción del IVA a combustibles.Lo que estos casos revelan es que los países, cuando enfrentan shocks externos, construyen mecanismos de desacople parcial entre el precio doméstico e internacional. Lo hacen de forma ordenada o improvisada, pero los construyen.El conflicto en Irán expone una carencia de diseño institucional que no es nueva pero que Argentina nunca procesó con la profundidad que merece. Mientras los precios se mantienen en rangos moderados, la paridad internacional funciona como señal razonable. Bajo stress, el sistema opera con reglas implícitas y discrecionales.El trabajo referido al inicio pone en agenda dos respuestas posibles. La primera, se refiere al papel de las provincias productoras. Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Río Negro capturan renta directa y proporcional al precio internacional a través del régimen de regalías. Un mecanismo donde estas provincias destinen una fracción de los ingresos extraordinarios a fondos de estabilización sería compatible con el sistema federal y no requeriría resignar soberanía nacional.El rol del gobierno nacional sería establecer marcos regulatorios que hagan atractiva la constitución de estos fondos como condición para mantener los beneficios fiscales del sector.La segunda, frente a una disrupción mayúscula, consiste en disociar transitoriamente el mercado doméstico del internacional mediante una regla de costo y compromiso de abastecimiento. Sería un recurso excepcional para una situación excepcional, lo cual no implica abandonar el principio de libre disponibilidad del crudo adoptado en el DNU 70/2024.La transformación de Vaca Muerta es real y sus proyecciones son auspiciosas. Pero la velocidad con que se construyó capacidad exportadora contrasta con la ausencia de un diseño institucional para capturar, estabilizar y distribuir la renta petrolera de manera ordenada.La tarea pendiente es abrir el debate sobre la arquitectura regulatoria que el país necesita construir. El próximo shock no debería encontrarnos en la misma situación de fragilidad institucional.Ricardo Carciofi y Alejandro Einstoss son economistas, Investigadores del IIEP UBA-Conicet.