Víctor de Aldama ha vuelto a apuntar a José Luis Rodríguez Zapatero en su declaración de este jueves en la Audiencia Nacional. El empresario ha afirmado ante el juez Ismael Moreno que entre las personas que utilizaban teléfonos desechables se encontraba el expresidente del Gobierno. Según fuentes jurídicas, el empresario ha nombrado al exsecretario general del PSOE tras ser preguntado por los dispositivos desechables proporcionados por Rubén Villalba a la 'trama Koldo'. El comisionista ha matizado, no obstante, que no puede asegurar si los teléfonos que acabaron en poder del exmandatario socialista provenían del arsenal manejado por el comandante de la Guardia Civil imputado en la Audiencia Nacional. El análisis de los dispositivos intervenidos en la 'Operación Delorme' desveló que el agente Rubén Villalba proporcionaba teléfonos de un solo uso a Koldo García, que luego acababan en las manos de José Luis Ábalos y otros miembros de la trama. Los investigados se comunicaban entre sí a través de estas líneas seguras y se referían a ellas con el nombre clave de "café". Contratos Baleares y Canarias El expresidente de Zamora C.F. estaba citado como investigado en el conocido como 'caso Koldo' que instruye el Juzgado Central de Instrucción Número 2 a raíz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Canarias y Baleares. El empresario ha aprovechado su declaración para apuntar también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que ya había acusado ante el juez de pedir dinero por los contratos de mascarillas. No obstante, ha asegurado que nadie de la Administración balear pidió o se interesó por el cobro de mordidas. Ambos negaron ante el Supremo, mediante un informe escrito, haber dado cualquier orden para contratar a Soluciones de Gestión SL. En el caso de Baleares, el contrato con la empresa de la trama fue de 3,7 millones de euros. Por su parte, el Servicio de Salud Canario firmó un contrato por valor de 12,3 millones de euros. Los Gobiernos de Armengol y Torres suscribieron otros dos contratos de emergencia con otra de las empresas vinculadas a Víctor de Aldama. Este fue el caso de la adquisición de test Covid para controlar el acceso de pasajeros a las islas. Canarias firmó un contrato con Eurofins Megalab por 5,4 millones y Baleares otro contrato que superó el millón de euros. El análisis de los dispositivos de Koldo García desveló que tanto Torres como Armengol departieron con el exasesor ministerial sobre la adquisición de material sanitario. El expresidente canario llegó incluso a intervenir de manera directa para agilizar los pagos a la empresa de Aldama por la compra de mascarillas. Los mensajes localizados por la UCO evidencian que el ministro socialista hizo varias gestiones a petición de Koldo García para agilizar los pagos vinculados con las empresas de la trama Koldo. El Instituto Armado considera especialmente relevante el interés por contratar a las empresas vinculadas con Víctor de Aldama pese a las advertencias de varios funcionarios de la Administración canaria, para lo que la intermediación de la mano derecha de José Luis Ábalos fue clave. Otro de los puntos vertebrales de la declaración de Aldama ante el juez ha sido la facturación de los contratos suscritos con la Administración, por la que se ha interesado la Abogacía del Estado. Cabe recordar que Hacienda exige al empresario Víctor de Aldama 1,6 millones por un fraude a las arcas públicas derivado del pelotazo de las mascarillas. Un reciente informe de la Agencia Tributaria atribuye al empresario un fraude de 2,4 millones, "obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal". Según Hacienda, se utilizaron "mecanismos defraudatorios" para reducir la carga fiscal ante los relevantes beneficios obtenidos por Víctor de Aldama por su labor de intermediación, y por Soluciones de Gestión como adjudicataria. Caso Plus Ultra La comparecencia de Aldama de este jueves ante el juez llega dos días después de que se diera a conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama le señala como el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Según el instructor, el entorno del líder socialista habría recibido cerca de dos millones de euros en comisiones a través de empresas vinculadas a la trama. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 señala que la red liderada presuntamente por el exsecretario general del PSOE utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado" a nivel nacional e internacional. Agentes de la Policía Nacional se personaron este martes en la oficina del exlíder socialista y otras tres mercantiles, entre ellas, la agencia de sus hijas, Whathefav SL. El juez atribuye a Zapatero presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y ha acordado citarle como investigado el próximo 2 de junio. Víctor de Aldama ha vuelto a apuntar a José Luis Rodríguez Zapatero en su declaración de este jueves en la Audiencia Nacional. El empresario ha afirmado ante el juez Ismael Moreno que entre las personas que utilizaban teléfonos desechables se encontraba el expresidente del Gobierno.