La investigación del caso Plus Ultra sitúa a Inteligencia Prospectiva SL, una empresa madrileña con un solo empleado, como pieza clave en la supuesta trama de tráfico de influencias por la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sus millonarios flujos de dinero pese a su nula actividad, así como el pago de más de medio millón de euros a Whathefav SL, la mercantil de las dos hijas del exlíder del PSOE, llevaron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a registrar este martes su sede del madrileño paseo de La Habana. Sus administradores son los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que figuran como propietarios de otra media docena de mercantiles en España y a los que se considera bien conectados con el régimen de Caracas. En el auto en el que autorizaba el registro, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describe a Inteligencia Prospectiva como “una sociedad carente de actividad real” ―destaca que sus ingresos a lo largo de sus cinco años de existencia son nulos o inferiores a 35.000 euros― y cuyo fin real está presuntamente “orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”. La persona que atiende al teléfono de la compañía ha rechazado atender a este diario para dar su versión sobre estas acusaciones. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito. Las conclusiones del magistrado se sustentan principalmente en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) incorporado a la causa el pasado 25 de febrero. En este documento, los expertos de Hacienda destacan que Inteligencia Prospectiva es “una sociedad con una actividad económica limitada, caracterizada por escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por terceros y servicios exteriores, circunstancia que ha dado lugar a la acumulación de resultados negativos”. En concreto, las pérdidas entre su fecha de creación, en enero de 2020, y 2025 se elevan a cerca de 850.000 euros, “déficit que ha sido compensado mediante sucesivas ampliaciones de capital suscritas por los socios por un importe total de 698.500 euros”, detalla la resolución judicial.La investigación pone el foco precisamente en estas ampliaciones de capital realizadas por los socios, y que la investigación apunta que fueron el mecanismo utilizado para camuflar la introducción en España de importantes cantidades de dinero, pero también en el elevado volumen de movimientos en las cuentas de esta compañía entre 2020 y 2025, “con entradas y salidas superiores a 2,66 millones de euros”. Los expertos de la Agencia Tributaria consideran esta transferencia millonaria “incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores”. El juez también llama la atención sobre el hecho de que la compañía “no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido [IVA], pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria”.En cuanto a los pagos realizados por la empresa de los hermanos Amaro Chacón, la investigación destaca que sus principales proveedores fueron Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, a la que pagó 561.440 euros; Análisis Relevante, considerada la pieza clave del supuesto entramado y controlada por el empresario José Luis Martínez Martínez, amigo del expresidente, a la que pagaba 4.000 euros mensuales por supuestos informes “sobre tendencias económicas y políticas” y que recibió un total 380.208 euros; y Gate Center, un think tank o laboratorio de ideas supuestamente sin ánimo de lucro cuyo consejo asesor preside el exlíder socialista y que fue destinatario de 266.200 euros. El juez considera que “la ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”. En total, esta compañía transfirió a estas tres sociedades presuntamente vinculadas a la trama 1,2 millones de euros, que posteriormente eran redistribuidos “hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar”.Frente a esta manifiesta falta de actividad comercial de Inteligencia Prospectiva, el magistrado destaca “la intervención que [los hermanos Amaro Chacón] despliegan en materias de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela”, su país de origen, donde su padre es un importante empresario de los seguros. El auto señala que esta actividad de los hermanos “excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”. El juez Calama infiere esto de varias conversaciones localizadas en el teléfono móvil del dueño de Análisis Relevante que apuntan a que los Amaro Chacón participaron en operaciones de compraventa de petróleo entre el régimen de Caracas, con la participación de la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y una empresa china en las que se sospecha que pudo jugar un papel “determinante” Zapatero.El auto incide en que esta “secuencia de comunicaciones” entre Domingo Arnaldo Amaro y el empresario amigo del exlíder del PSOE revela que el primero “actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado”. El juez alude a que el informe de la ONIF concluye que la sociedad de los hermanos venezolanos es, en realidad, un “vehículo de pago de servicios prestados por dicha red”. En este sentido, destaca los pagos a Whathefav y el think tank del que forma parte Zapatero, “lo que refuerza la hipótesis de que la sociedad [Inteligencia Prospectiva] forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales”, entre los que se encontraría presuntamente el exlíder socialista.Por todo ello, el juez Calama ordenó el pasado martes el registro de su sede en Madrid en busca de “documentación contable, contratos, facturas y borradores utilizados para justificar los pagos efectuados”. También pidió a la policía intervenir “archivos digitales, dispositivos electrónicos y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena de instrucciones entre Domingo Arnaldo Amaro Chacón, Julio Martínez Martínez y otros miembros de la red”, así como “información relativa a las ampliaciones de capital simuladas, origen de los fondos y su trazabilidad”. El objetivo es encontrar “evidencias sobre la inexistencia de actividad real y la función instrumental de la sociedad; y documentación relativa a las operaciones internacionales mencionadas en las comunicaciones intervenidas”.