El juez José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" dedicada al tráfico de influencias y montada sobre un "entramado societario complejo". Según describe el auto que imputa al expresidente socialista, esa red la componen una decena de empresas que incluyen una firma registrada en Dubái, seis sociedades "instrumentales carentes de actividad real", una agencia de viajes con 21 empleados y las ya conocidas en el caso Plus Ultra Análisis Relevante SL y Whathefav SL, administradas por Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero, y las hijas del exmandatario, respectivamente.PublicidadEl auto describe cómo se constituyó Landside Middle East FZCO, la sociedad donde la red supuestamente recibía los pagos procedentes de Plus Ultra a cambio de conseguir el rescate de la aerolínea. Según el juez, fue Rodríguez Zapatero quien ordenó la creación de esa sociedad en el emirato, paraíso fiscal y destacado refugio de opacidad financiera. En enero de 2021, un directivo del Halal Trade and Marketing Centre (HTMC), un centro de negocios impulsado por el Gobierno de Dubái, envió un correo electrónico a Julio Martínez detallándole la documentación necesaria para constituir una sociedad en la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, una de las muchas existentes en el emirato. Entonces, el nombre de la firma era Landside Dubai FZCO (Free Zone Company) e iba a ser propiedad al 100% de Idella Consulenza Strategica SL, una de las empresas fantasma administradas por Julio Martínez, que actuaba como "eje" de las operaciones para desviar al extranjero el dinero procedente de Plus Ultra, explica el auto. De hecho, la aerolínea hispanovenezolana e Idella firmaron un contrato el 19 de enero de 2021 por el que la empresa de Julio Martínez cobraría el 1% del rescate del Gobierno, 530.000 euros.No obstante, en marzo, otro correo enviado al amigo del expresidente adjunta el plan de negocio de una sociedad en Dubái con un nombre distinto, Landside Middle East FZCO. El juez no sabe si la empresa de la trama es la primera mencionada o esta última. Público la ha buscado en los registros del emirato, sin éxito. Pero sí ha comprobado que el nombre de Landside Middle East FZCO ya se encuentra reservado y no se puede utilizar para crear una nueva empresa. Tampoco sabe el juez aún si esta sociedad recibió dinero desde España. Según consta en el informe que le remitió la Agencia Tributaria el pasado mes de febrero, no se efectuó "pago alguno" en España en virtud del contrato firmado entre Idella y Plus Ultra. Pero, a su juicio, la "proximidad temporal" entre dicho contrato, "el inicio de las gestiones para constituir Landside y la ausencia de pagos en España, apunta a que la sociedad offshore podría haberse creado para canalizar ese cobro". Y repite que esa "secuencia temporal" permite "inferir de forma indiciaria" la creación de una "estructura societaria" para recibir el pago de Plus Ultra. PublicidadEl auto asegura que en correos posteriores se constata que la empresa dubaití quedó constituida y que se adjuntó la documentación necesaria para abrir en el emirato una sucursal de sociedad extranjera. También que el plan de negocio de Landside Middle East FZCO, donde se proyectan unas ganancias de tres millones de dólares en cinco años, es otro indicio del delito. En teoría, la firma dubaití tenía por objeto ofrecer servicios de consultoría profesional a "empresas de países de habla hispana interesadas en tener presencia en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de los Emiratos interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica". La red de Julio MartínezLa dueña al 100% de Landside Middle East es, indica el juez, Idella Consulenza Strategica SL; constituida en 2018 en Petrel (Alicante), administrada por Julio Martínez y dedicada a la consultoría. Carece de plantilla y no ha presentado cuentas o las tiene pendientes de calificación o digitalización desde el año de su fundación, según ha verificado Público en el Registro Mercantil. Se constituyó con un capital de 50.000 euros, pero en 2018 no tenía actividad alguna. Sin embargo, el juez le concede un "papel central" en el entramado societario liderado por Rodríguez Zapatero. Dice que fue el "vehículo" utilizado para "ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero".Julio Martínez también figura como administrador de otras tres empresas sin plantilla que apenas han cumplido con sus obligaciones registrales. Iot Domotic Europe SL, una firma informática creada también en Petrel, en 2019, igualmente con un capital de 50.000 euros. En 2022, último año en que envió sus cuentas al Registro Mercantil, sólo facturó 22.799 euros y acumulaba pérdidas por importe de 98.598 euros. Según establece el juez, Iot Domotic Europe era "receptora final" de los fondos de Plus Ultra, al tiempo que realizaba "operaciones carentes de causa económica real". PublicidadLa segunda empresa es Afitta SL, con domicilio en Petrel y dedicada a la gestión inmobiliaria. Creada en 2011, tuvo hasta 2021 como administrador al hermano de Julio Martínez Martínez, Manuel. No presenta cuentas desde 2019. Su papel en la trama era elaborar facturas para otorgar "soporte documental y cobertura formal" a los pagos de Plus Ultra, mantiene el juez Calama.La tercera sociedad administrada por Julio Martínez es Voli Analítica SL, domiciliada en Vera (Almería) y creada en 2018. Tampoco presentó cuentas en 2024 y tiene las anteriores pendientes de calificación o digitalización. Las de 2022 revelan no sólo que carece de empleados, sino también que se constituyó con un capital considerable, 200.000 euros. No obstante, su facturación es muy pequeña, 27.272 euros ese año y 71.895 euros el anterior. En los dos ejercicios anteriores, no ingresó ni un euro. Cerró 2022 con unos números rojos de 31.005 euros. La empresa se dedica, en teoría, a la "intermediación en el transporte aéreo de mercancías y personas". Pero, según constata el juez Calama, también recibía pagos de Plus Ultra "canalizados a través de sociedades interpuestas" y emitía facturas para "dotar de apariencia de legalidad a operaciones cuya causa económica no ha sido suficientemente acreditada". El auto subraya que Voli Analítica comparte con el resto de las sociedades del entramado cuatro características: la ausencia de plantilla, la falta de correspondencia entre facturación y cobros, la debilidad o inexistencia de contratos y la participación de terceros en la gestión. Sociedades con administradores venezolanosEs el caso, en efecto, de tres sociedades administradas por ciudadanos venezolanos. Softgestor SL fue creada en 2014 y es su constitución en Madrid la única nota con su nombre que aparece en el Boletín del Registro Mercantil. Su administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado y se dedica a la asesoría y gestoría jurídica, fiscal y administrativa. Pese a que carece de empleados, facturó en 2019, último año del que hay cuentas, 59.462 euros, pero sus números rojos casi duplicaron esa cifra, hasta alcanzar 87.499 euros. El juez sostiene que, al igual que las empresas de Julio Martínez, Softgestor SL servía para canalizar fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional "intercambiables y carentes de contenido real".Inteligencia Prospectiva SL sólo tenía un empleado en 2024, según las cuentas de ese ejercicio consultadas por Público. Tampoco facturó mucho: 34.936 euros, casi la misma cantidad que en 2023 y sólo un poco más que en 2022. El año anterior no ingresó ni un euro. Creada en 2020 y dedicada a la consultoría, su socio único es Arnaldo Amaro Chacón Domingo, que el pasado 26 de febrero adquirió la nacionalidad española, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Es el administrador solidario de la sociedad junto con su hermano Alfredo Guillermo. Acumula pérdidas de 1,09 millones euros, pero su capital asciende a 701.500 euros. El auto sitúa a la empresa como "punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center [un think tank en cuyo consejo asesor figura Rodríguez Zapatero] mediante contratos ficticios”.Caletón Consultores SL, una consultora especializada en contratar operaciones aéreas de pasajeros y carga, tiene desde junio de 2022 como administrador a otro ciudadano venezolano, Basiliso Gil Carrasquero pero, según el juez Calama, la controla "de facto" Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración de Plus Ultra. Creada en 2019 con el mínimo capital que marca la ley para una sociedad limitada, 3.000 euros, lo tiene a cero en las cuentas de los ejercicios posteriores, una anomalía contable y registral. Desde 2022 no envía sus estados financieros al Registro. Aun así, y pese a carecer de empleados, facturó 365.605 euros en 2021 y 109.793 euros en 2022. El auto explica que Caletón Consultores SL es otra sociedad instrumental que canaliza fondos de Plus Ultra "hacia sociedades del entorno de Julio Martínez" mediante "facturas simuladas y contratos ad hoc".Empresas con plantilla y actividad realUn perfil distinto tiene Summer Wind SL, una agencia de viajes con 21 empleados creada en 1999 y con actividad real. Su volumen de negocio alcanzó los 3,39 millones en 2022 y fue de 2,28 millones en 2024, último ejercicio del que dispone cuentas el Registro Mercantil. Lleva en beneficios desde 2021, tras superar el bache de la pandemia. El juez detalla conversaciones entre el anterior administrador de la empresa, Federico Lledó Soria, y otros miembros del entramado, que le sirven para concluir que Summer Wind SL recibió ingresos de Plus Ultra, actuando como sociedad interpuesta: como el resto de empresas de la red, creaba facturas y contratos para justificar esas transferencias económicas. PublicidadA la lista hay que añadir la sociedad hasta ahora más relevante en el caso Plus Ultra: Análisis Relevante SL. Es otra de las empresas administradas por Julio Martínez y, según destaca el juez, simulaba servicios de asesoramiento, generaba contratos y facturas para dar apariencia de legalidad a los pagos y canalizaba fondos procedentes de sociedades interesadas en obtener ayudas públicas. También tiene su papel en la trama Whathefav SL, la empresa de publicidad y relaciones públicas administrada por las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba. Tiene seis empleados y actividad real: facturó 471.810 euros en 2024, año en el que ganó 125.639 euros. Sin embargo, el auto establece que, como el resto de las firmas citadas, la empresa de las hijas del expresidente recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, "generando facturación genérica y redistribuyendo pagos" hacia el "entorno" de su padre.