La Policía Nacional ha detenido en Murcia a once personas e investigado a otras dos por su presunta participación en un fraude millonario al Servicio Murciano de Salud (SMS) que ascendería a 6,8 millones de euros, ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de la Región. A los arrestados se les imputa los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.La investigación, que comenzó en enero de 2025, ha determinado que el fraude se llevaba a cabo sobre todo en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados y en las que se habrían pagado sobrecostes de entre un 100 y un 1.287%. En ellas se facturaba "por servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado", a la vez que se utilizaban "productos sanitarios caducados", lo que generaba "un riesgo para la salud pública", indica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía.La investigación fue desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia tras haberse detectado una actividad administrativa fraudulenta en los sistemas contables. Fue la propia Consejería de Salud de la Región de Murcia la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. Se detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.Los implicados tendrían un conocimiento exacto de los puntos sensibles del sistema informático contable y contarían con el auxilio de funcionarios con responsabilidades en la central de compras del SMS, así como en puestos del sistema de facturación, que junto con la ausencia de licitaciones públicas habrían permitido negociaciones directas y arbitrarias con la principal mercantil investigada, todo ello en contra de la Ley de Contratos del Sector Público.La investigación, llevada a cabo con la colaboración del Servicio de Inspección de Centros Sanitarios de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, ha permitido valorar un perjuicio económico en las operaciones fraudulentas detectadas que ascendería a casi siete millones de euros, en concreto 6.886.738 euros. Asimismo se han solicitado medidas cautelares patrimoniales a la autoridad judicial respecto de los principales investigados, bloqueando cuentas bancarias, inmuebles y vehículos.El Gobierno regional asegura que "no afecta a pacientes"El Gobierno murciano ha manifestado que el caso se limita a un delito económico relacionado con la adquisición de material sanitario que "no afecta a pacientes". Fuentes de la Consejería de Salud han indicado que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que "no consta la implantación de prótesis caducadas, lo que reafirma que estamos ante unas supuestas prácticas irregulares que tenían como objetivo el supuesto fraude económico".El PSOE, por su parte, ha pedido al presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, que comparezca en la Asamblea Regional para dar explicaciones por este asunto, sobre el que asegura que "no solo se ha hecho caja con la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, sino que han puesto en riesgo la vida de los pacientes", ha indicado esta formación en un comunicado.