Las elecciones al Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general del Estado, han consolidado el dominio de la derecha. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha mantenido sus seis vocales, mientras la Unión Progresista de Fiscales —que en el pasado presidió Teresa Peramato— se ha quedado con los dos representantes que tenía hasta el momento. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que llegó a pedir seis años de cárcel en el juicio contra Álvaro García Ortiz, conserva también un vocal.
Tras la nueva cita con las urnas, a la que fueron llamados este martes casi 2.800 fiscales, el órgano mantiene la misma correlación de fuerzas de la época de Dolores Delgado. Precisamente la percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal.
La actual fiscal general se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. Hasta ahora, Peramato ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora.
