Catalunya tendrá nuevos presupuestos en este 2026. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, presidente de ERC, firmaron ayer por la mañana en el Saló Gòtic de la sede del Govern el acuerdo que permitirá disponer de cuentas puestas al día para el año en curso. No es una noticia corriente: a lo largo de los últimos catorce años se ha producido tan solo en cuatro ejercicios: 2017, 2020, 2022, 2023 y, de no mediar imprevistos, también en este 2026, una vez se hayan completado todos los trámites de la aprobación.Estamos hablando de una noticia relevante por sí misma. Sin presupuestos actualizados, las necesidades de los ciudadanos no pueden atenderse debidamente, los déficits en muy numerosos ámbitos se amplían y prorrogan, y la gestión gubernamental pierde recursos y resultados. Pero también hablamos de una noticia que ilustra la voluntad de pacto entre el PSC y ERC, que con 42 y 20 escaños, respectivamente, son dos de las tres fuerzas con mayor representación en el Parlament y que han acreditado más vocación dialogante, imprescindible para superar la improductiva etapa del procés. La contribución de Comuns, que ya dio respaldo a las cuentas de Illa meses atrás (y que ahora trata de incluir nuevas propuestas en ellas), también ha sido importante.Aun contando con la mencionada vocación dialogante, llegar hasta aquí no ha sido sencillo. El primer proyecto de presupuestos fue retirado por el Govern tras cerciorarse de que los republicanos no iban a apoyarlo, puesto que no satisfacía su pretensión de que la recaudación del IRPF corriera a cargo de la Agència Tributària de Catalunya. Illa prefirió esperar, recomponer relaciones y obtener el apoyo. Ha hecho falta paciencia y mano izquierda para reconducir la situación. Pero ahora estas habilidades han fructificado.Salvador Illa y Oriol Junqueras firmaron ayer el pacto para aprobar las cuentas del 2026El acuerdo firmado por el Govern y ERC para la aprobación de los presupuestos del 2026 ocupa catorce páginas y comprende dieciocho puntos, con sus correspondientes apartados. En él se incluyen algunas de las principales peticiones de los republicanos, como la construcción de una nueva ruta ferroviaria, la llamada línea orbital, que enlaza ciudades de la tercera y la cuarta corona de Barcelona, de Vilanova i la Geltrú a Mataró, sin pasar por la capital. Se trata de un proyecto que no se terminaría antes del 2040, con una inversión de 5.000 millones de euros, y que había permanecido en un cajón desde tiempos del primer tripartito, hace tres lustros.El acuerdo recoge también la decisión de dotar a la Agència Tributària de Catalunya con 527 millones de euros para favorecer su desarrollo, de tal modo que en el futuro pueda hacerse cargo de la recaudación del IRPF. Y, asimismo, recoge la reformulación de la mayoría en el Consorci de la Zona Franca, en el que el Estado cuenta con el 100% y en el futuro contará con el 45%, repartiéndose el 55% restante entre la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento de Barcelona (15%).Hay otros puntos relevantes en el acuerdo, pero quizás no sea este el lugar para extenderse sobre ellos. Lo pertinente ahora es hacer votos para que los trámites todavía restantes para aprobar las cuentas –la rúbrica de la comisión bilateral Estado-Generalitat, el visto bueno de Comuns, la aprobación del Consell de Govern– se resuelvan y Catalunya pueda utilizar todos los recursos que le garantizan unos presupuestos adecuados a la coyuntura.El recurso al bloqueo, tan extendido en distintas administraciones, perjudica a la ciudadaníaPorque lo cierto es que tanto en Catalunya como en España –cuyo actual Gobierno se acerca al término del mandato sin haber logrado aprobar ni una sola cuenta en el Congreso– los presupuestos parecen haber entrado en una nueva era en la que lo normal no es aprobarlos, sino bloquearlos. Es conveniente revertir esta situación cuanto antes, en cualquier administración. La fragmentación del arco político es un hecho indiscutible, pero en ningún caso puede esgrimirse como excusa para privar a las administraciones del instrumento presupuestario sin el cual la gestión del país se descuadra, al no compadecerse los recursos disponibles con las nuevas necesidades que han ido aflorando. Lo cual, a bote pronto, puede representar un desdoro para el Gobierno y una presunta victoria para la oposición. Pero, ante todo, constituye un perjuicio para todos los ciudadanos, que en última instancia son los que sufren los efectos del bloqueo de las cuentas. Nada de eso tiene sentido, cuando lo que aconseja el pragmatismo es tener dinero con el que solventar problemas cotidianos, garantizar la estabilidad en esta etapa y abonar la de las venideras.