El titular de este art�culo merece ya por s� solo una pausa. Hablamos de un ex presidente del Gobierno de Espa�a, nada m�s y nada menos, que por primera vez en nuestra democracia va a ser investigado por un Juzgado de Instrucci�n de la Audiencia Nacional. Lo ser� por un supuesto delito de tr�fico de influencias y delitos conexos en relaci�n con el rescate de la aerol�nea Plus Ultra. Se trata, adem�s, de un ex presidente que ha estado muy activo en la vida pol�tica espa�ola de los �ltimos a�os, al desempe�ar un papel de valedor del Gobierno de Pedro S�nchez, muy criticado por otras viejas glorias del PSOE y, muy en particular, por el ex presidente Felipe Gonz�lez. Lo primero que hay que decir es que, con independencia de las simpat�as pol�ticas de cada uno, es muy mala noticia para todos los espa�oles.Sentado lo anterior, la primera reflexi�n me parece clara: el levantamiento del secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y la imputaci�n (o la citaci�n para declarar como investigado) el pr�ximo 2 de junio se produce apenas 24 horas despu�s de las elecciones andaluzas, en las que el PSOE, de la mano de la ex ministra de Hacienda, tuvo su peor resultado hasta la fecha. Parece obvio que ha existido algo parecido a un pacto o acuerdo t�cito por el que el Poder Judicial ha retrasado esta citaci�n, probablemente con la intenci�n de no interferir en el voto. Habr� personas que lo consideren razonable; yo me temo que no me encuentro entre ellas. Los pol�ticos o ex pol�ticos deber�an de ser tratados como cualquier ciudadano, ni mejor ni peor, y tendr�n que declarar cuando corresponda procesalmente. Por supuesto, esto se aplica a los pol�ticos de todos los partidos.Si mantenemos esta deferencia judicial, por llamarla de alg�n modo, y teniendo en cuenta, por una parte, la agitada vida procesal de nuestra clase pol�tica y, por otra, el ritmo de las citas electorales, podemos encontrarnos con muchas m�s situaciones en que las decisiones judiciales con trascendencia medi�tica y pol�tica se vean retrasadas (o adelantadas) por motivos que nada tienen que ver con el buen desarrollo del proceso judicial en cuesti�n, que se supone que es lo relevante. Pensemos en el caso de la dana, en el del accidente de Adamuz, en los relacionados con �balos, Aldama y Koldo o cualquiera que pueda surgir en el futuro. La l�gica judicial y procesal no es la l�gica pol�tica y medi�tica, y mezclar ambas me temo que no es una buena idea, puesto que dar� alas, y esta vez con raz�n, a la convicci�n de muchos ciudadanos (a un lado y a otro del espectro ideol�gico) de que la justicia est� politizada, en el sentido de que los jueces intervienen como agentes activos en la pol�tica y tienen muy en cuenta las consecuencias pol�ticas de las decisiones judiciales. Lo que no quiere decir que no las tengan, dado que, lamentablemente, en nuestro pa�s la �nica responsabilidad pol�tica exigible es la que se deriva de un procedimiento judicial penal, como vemos repetidamente. Pero esto no es culpa de los jueces.En suma, es indudable que una noticia como esta hubiera producido un gran ruido medi�tico en medio de una campa�a electoral, pero sospecho que no habr�a supuesto ning�n cambio en un sentido u otro: habr�a, eso s�, ratificado la convicci�n de muchos electores de izquierdas de que estamos ante una maniobra m�s de lawfare de la judicatura facha, y la de muchos electores de derechas de que las andanzas empresariales de Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, en particular en Venezuela, eran muy sospechosas.Lo que nos lleva a la segunda reflexi�n: el papel de los ex presidentes del Gobierno -y m�s cuando dejan sus cargos relativamente j�venes- no es desde luego sencillo. Hay innumerables ejemplos, empezando por Espa�a, en que la dedicaci�n a los negocios puede ser problem�tica, habida cuenta de la influencia que claramente pueden ejercer sobre sus sucesores del mismo partido o sobre cargos importantes que les deban favores de todo tipo. De ah� que la sombra del tr�fico de influencias nunca ande demasiado lejos de los que optan por esta v�a. No todo el mundo puede vivir de dar charlas millonarias en foros internacionales ni tener un puesto permanente en el Consejo de Estado, por lo que parece demasiado tentador. Dicho esto, parece claro que, aunque los l�mites entre la �tica y la legalidad sean un tanto difusos -como podemos ver, precisamente, en el caso de la mujer del presidente del Gobierno-, estos l�mites pueden ser apreciados por terceros. Lo que es compatible con que los afectados directamente no los distingan, a su vez muy comprensible desde un punto de vista humano: nadie suele ver la posibilidad de un conflicto de inter�s o de un tr�fico de influencias cuando le afecta y la recompensa econ�mica de no apreciarlo es relevante. Esto es especialmente cierto en un pa�s donde el clientelismo es estructural y forma parte de la cultura pol�tica.Por poner un ejemplo muy sencillo: son muchos los ex pol�ticos que se dedican a hacer lobby desde consultoras importantes, o incluso los que montan consultoras para hacer lobby. �Es legal? Sin duda. �Puede dar lugar a zonas grises o incluso a tr�fico de influencias? Pudiera llegar a ocurrir, si no se tiene mucho cuidado: como digo, los l�mites son un tanto difusos. El caso de la consultora Acento Public Affairs, fundadada por los ex ministros Jos� Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), vendida recientemente a Havas Media Group, propiedad de un grupo internacional, despu�s de una subida espectacular de su negocio en muy poco tiempo es un ejemplo sintom�tico de lo que hablamos.Por �ltimo, quiero dedicar unas pocas l�neas relativas al rescate de Plus Ultra por la SEPI. Hace ya varios a�os escrib� en el blog de la Fundaci�n Hay Derecho sobre los problemas que planteaba la decisi�n de conceder una ayuda p�blica de 53 millones de euros de los contribuyentes a una aerol�nea que hab�a presentado p�rdidas desde su constituci�n en 2011, que en 2019 oper� un 0,03% de vuelos en Espa�a y que hab�a intentado infructuosamente conseguir los cr�ditos ICO, tambi�n p�blicos, pero gestionados privadamente. El Real Decreto-ley de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaci�n econ�mica y el empleo despu�s del Covid, cre� un nuevo fondo gestionado por la SEPI para dar apoyo a determinadas empresas no financieras, estrat�gicas y solventes, especialmente afectadas por la pandemia, exigiendo que las dificultades fueran temporales y consecuencia de la misma. El car�cter estrat�gico ten�a que serlo "para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y econ�mico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribuci�n al buen funcionamiento de los mercados".Sencillamente, con los datos objetivos, estos requisitos no se daban. Pero, al parecer, los informes oficiales dijeron que s� y apoyaron la decisi�n tomada por el Consejo Gestor del Fondo, de apoyo a la solvencia de las empresas estrat�gicas, al frente del cual estaba el entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolom� Lora, persona de confianza de Mar�a Jes�s Montero. La pregunta que ahora podemos hacernos es: �qu� fue lo que determin� que se hicieran en ese sentido y no en otro? La pregunta no solo interpela procesalmente al ex presidente del Gobierno, sino que nos interpela a todos los espa�oles preocupados por nuestras instituciones.