“¿Qué querés que hagamos? Si dependemos de los ATN para llegar a fin de mes”, suspira un peronista de una provincia norteña que hace tiempo se alejó de la oposición dura para votar junto al Gobierno. La decisión administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial 24 horas antes de la marcha universitaria, significó un recorte de más de $320 mil millones para las provincias. Este ajuste, sumado a la caída de la coparticipación, tiene a las provincias al borde del colapso y a los gobernadores al borde de la rebelión. Una receta para el desastre que el Gobierno intenta amortiguar con la única prenda de negociación disponible que Luis Caputo no puede recortar: los pliegos judiciales.
Para los gobernadores aliados, el problema no es tanto la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo o el vómito incendiario contra periodistas y empresarios de Javier Milei. Ni siquiera el escándalo patrimonial de Manuel Adorni. El problema es el plan económico de Luis Caputo y el agujero imposible que les está dejando en las cuentas públicas.
La decisión administrativa que arrasó con $2,5 billones en prevención contra el cáncer, salario docente, infraestructura en escuelas y obra pública tuvo su correlato directo en las provincias. Solo en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones, de los cuales el 100% de los recursos estaban destinados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto significa un recorte de más del 50% sobre los ATN que, en muchas provincias, representan la única soga de salvación frente a la asfixia financiera.
