La Comisión propone aumentar el fondo de emergencia agrícola de la UE y plantea la posibilidad de hacer uso de nuevos poderes para hacer compras conjuntas La crisis de Oriente Medio salta a la vista. Literalmente. Porque cada día, al pasar por una gasolinera, los conductores pueden experimentar en su propia piel el impacto sobre el precio del combustible. También lo notarán los viajeros que utilicen el avión, aunque las aerolíneas están redoblando esfuerzos para explicar que no hay peligro de suministro. Sin embargo, hay otra crisis relacionada con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán que es menos visible, aunque no menos alarmante: la de los fertilizantes. La Comisión Europea plantea activar el 'modo de emergencia' de la UE en este sector, reasignando fondos y planteando ayudas al sector. Estos fertilizantes, claves para las cosechas, dependen directamente del gas, por lo que el incremento de los precios a nivel global está teniendo un impacto directo sobre su producción: en abril se situaron, según datos de la Comisión Europea, un 70% por encima del precio de 2024. Los costes para los agricultores son un 62% superiores a los del año 2020. Pero el problema va más allá: hasta el inicio de la guerra contra Irán, se calcula que más de un tercio del suministro global de fertilizantes pasaba por Ormuz, donde el tráfico se ha detenido en la práctica. Por lo tanto, la tensión sobre los fertilizantes es doble: en el precio de manera directa y en la cadena de suministro. La UE importa gran parte de su consumo de fertilizantes. Los menos expuestos al exterior son los nitrogenados, de los que solamente importa el 30%, pero a cambio estos necesitan de gas natural, lo que dispara su precio. Por otro lado, entre el 35 y el 45% de los fertilizantes potásicos y cerca de un 70% de los fosfatados son importados cada año. Bruselas lleva tiempo alertada por el aumento de los precios y los posibles problemas de suministro y, de hecho, en febrero propuso suspender los aranceles mínimos para las importaciones de fertilizantes para facilitar su acceso al mercado europeo después de haber aumentado los gravámenes comerciales sobre fertilizantes de Bielorrusia y Rusia, lo que tensiona todavía más la oferta. La Comisión Europea ha presentado este martes en Estrasburgo (Francia) su plan de acción sobre fertilizantes ante lo que considera que es un incremento significativo y alarmante de los precios. Bruselas considera que hay poco margen de maniobra para lograr enviar a los agricultores las señales correctas antes de la próxima campaña de siembra. Fuentes comunitarias explican que esto debe hacerse antes de que termine el verano. Aunque no haya un riesgo para el suministro de fertilizantes, la crisis sí se puede traducir en un aumento significativo de los precios tanto para los agricultores como para los consumidores finales. En una reunión hace tres semanas en Luxemburgo, un buen grupo de ministros de Agricultura exigió que el plan de la Comisión Europea incluyera medidas inmediatas que fueran contundentes. Entre las medidas a corto plazo que plantea Bruselas se incluye que el Ejecutivo comunitario pueda hacer uso de IMERA, una nueva herramienta que entrará en vigor el 29 de mayo para hacer frente a bienes críticos y que, ante situaciones de emergencia, permite compras públicas conjuntas, solicitudes prioritarias y medidas para ampliar la producción doméstica. El sector agrícola quiere medidas concretas y quiere también números. La Comisión ya había mostrado que habría flexibilidad para ayudar al sector con fondos de la Política Agraria Común (PAC), la partida más importante del presupuesto comunitario, y también desde las capitales gracias a una flexibilización de las ayudas de Estado, que permite a los gobiernos nacionales compensar a los agricultores por el aumento de los precios del combustible y de los fertilizantes. Estas últimas medidas, en todo caso, dependen del espacio fiscal con el que cuente cada Estado miembro. Pero el campo exige más. Bruselas no ha respondido este martes a esa petición, aunque ha hecho una promesa de cara al verano. "La Comisión propondrá movilizar el presupuesto de la UE para reforzar la reserva agrícola con una cantidad considerable. Este paquete financiero se presentará antes del verano con el fin de proporcionar un alivio inmediato de la liquidez a los agricultores de cara al próximo ciclo de producción", ha explicado la institución en un comunicado. La actual reserva agrícola de la PAC es de 450 millones de euros al año, una cifra que es insignificante para el reto actual: los sobrecostes del sector son de miles de millones, no decenas o cientos de millones. CBAM y otras medidas Algunas capitales han solicitado que los fertilizantes queden fuera de la tasa de carbono en frontera (CBAM), una pieza del Pacto Verde europeo que establece un impuesto sobre la importación de bienes contaminantes, y que ya ha hecho que los precios de los fertilizantes aumenten desde enero. El Ejecutivo comunitario ha rechazado frontalmente su exención del CBAM y la asociación que reúne a buena parte de los productores de fertilizantes en Europa, Fertilizers Europe, ha criticado que las peticiones de suspensión del CBAM sobre el sector sean lo que ha provocado turbulencias en el mercado, y no la propia aplicación de la normativa europea. "Es difícil exagerar lo desfasada que está la Comisión Europea en lo que respecta a la cuestión de los fertilizantes en Irlanda y en toda la UE", ha criticado Francie Gorman, presidente de la Federación Irlandesa de Agricultores. Dublín es una de las capitales que más presión está recibiendo por parte del sector agrario para que se tomen medidas en todos los ámbitos afectados por la crisis de Oriente Medio. "A menos que intervengan, nos enfrentamos a una situación muy grave en lo que respecta a la producción alimentaria. Es inexplicable que esto no esté recibiendo la atención que merece", ha señalado el irlandés en un comunicado antes de viajar a Estrasburgo, donde participa este martes en una protesta del sector contra el Ejecutivo comunitario. Respecto al mercado de derechos de emisión (ETS), que establece un precio a la emisión de cada tonelada de CO2 y que se revisará en julio ante el incremento de los precios de la energía, la Comisión deja la puerta abierta a una revisión de su efecto sobre el sector de los fertilizantes, señalando una posible flexibilización siempre que el sector haga un mayor esfuerzo para descarbonizarse. El sector, incluido Fertilizers Europe, solicitaba una extensión de los derechos gratuitos de emisiones, un porcentaje de la contaminación por la que las empresas no tienen que pagar derechos. La Comisión también ha tratado de aplicar la lógica de la autonomía estratégica al ámbito de los fertilizantes, y por eso explica que va a fomentar "el uso de alternativas europeas", que incluyen fertilizantes orgánicos y de origen biológico, "así como alternativas a los productos minerales tradicionales". "Otras vías son la biomasa de algas, otros mejoradores del suelo, soluciones microbianas, bioestimulantes y la recuperación de nitrógeno y fósforo a partir de los lodos de depuración", añade el Ejecutivo comunitario. "La seguridad alimentaria no está en riesgo, pero no se puede dar nada por hecho", ha explicado una fuente comunitaria.